
El dato de que, desde 2021, casi 135.000 personas solicitaron asilo en Reino Unido empleando rutas académicas motivó el anuncio de la ministra del Interior, Shabana Mahmood, sobre una suspensión inédita de los visados de estudio para Afganistán, Camerún, Birmania y Sudán. Según consignó el medio británico y confirmó el Gobierno, también se bloquearán los permisos de trabajo para ciudadanos afganos, en respuesta a lo que las autoridades califican como un “uso abusivo” de estos mecanismos migratorios.
De acuerdo con la información oficial recogida por el medio, el incremento en las solicitudes de asilo por la vía académica alcanzó un 470% en el periodo comprendido entre 2021 y 2025, afectando principalmente a estudiantes provenientes de Afganistán, Birmania, Camerún y Sudán. Tal como detalló el comunicado ministerial, la decisión pretende restablecer el control fronterizo y frenar el aprovechamiento del sistema de acogida. Mahmood destacó que Reino Unido continuará ofreciendo refugio a quienes huyen de conflictos o persecución, aunque advirtió que este recurso no debe ser objeto de abuso.
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El Gobierno británico subrayó que el número de ciudadanos afganos con visados de trabajo que han solicitado asilo en el país supera la cantidad de permisos concedidos en esa categoría. Según publicó la fuente oficial, muchas de las personas involucradas dependen económicamente de ayudas estatales, y una proporción significativa de ellas se declara en condición de indigencia. En total, casi 16.000 ciudadanos de los cuatro países mencionados reciben apoyo del Estado, y más de 6.000 se encuentran alojados en hoteles costeados con fondos públicos.
El costo anual del sistema de acogida de solicitantes de asilo se sitúa actualmente por encima de los 4.000 millones de libras. Ante esta situación, el Gobierno introdujo recortes al apoyo económico que reciben las personas solicitantes de asilo y ha señalado la presión sobre el sistema de asistencia social como uno de los factores que motivaron la revisión de las políticas de visados.
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Pese a esta línea restrictiva, las autoridades británicas expusieron que, desde 2021, el país ofreció refugio a más de 37.000 ciudadanos afganos. Además, en 2025 se autorizaron alrededor de 190.000 visados por razones humanitarias. Reino Unido sostiene haber reubicado, desde 2010, al sexto mayor número mundial de refugiados derivados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
La política gubernamental adoptada recientemente también se relaciona con el esfuerzo diplomático sostenido por Londres. Según detalló el medio, en el año anterior Reino Unido acordó con las autoridades de Angola, Namibia y la República Democrática del Congo la repatriación de ciudadanos en situación migratoria irregular a cambio de mantener sus regímenes de visados. El Ejecutivo amenazó con suspender todos los visados si no recibía cooperación, logrando así la colaboración de estos países africanos.
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Además, el Gobierno británico expresó su compromiso de establecer rutas seguras y legales para la migración, aunque con plazas limitadas, como alternativa al cruce marítimo irregular en embarcaciones pequeñas. Esta iniciativa se encuadra dentro de un enfoque general que, según el Gobierno, busca garantizar la seguridad de los solicitantes y ofrecer opciones viables mientras se refuerzan los controles fronterizos.
Dentro de las justificaciones ofrecidas para las recientes medidas, el Ejecutivo argumentó que el sistema actual favoreció un flujo de solicitantes por vías no previstas para la protección internacional, lo cual generó efectos financieros y logísticos insostenibles en el largo plazo. El Ejecutivo subrayó la importancia de distinguir entre quienes requieren protección genuina y quienes buscan alternativas a los procesos migratorios regulares utilizando vías académicas y laborales para acceder al asilo.
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La ministra Shabana Mahmood enfatizó en su comunicado la determinación de frenar los intentos de explotar la “generosidad” del sistema migratorio británico, asegurando que las nuevas directrices responden a la necesidad de restablecer el orden y el control en el ingreso de personas al país. Según reportó la fuente oficial, la respuesta adoptada no solo afectará a solicitantes de los cuatro países señalados, sino que también representa una advertencia para otros contextos en los que, a juicio del Gobierno, se detecten patrones similares de abuso en el uso de visados destinados originalmente a fines genuinos de estudio o trabajo.
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