
Tras el asedio a la iglesia ACK de Wairima, situada en la localidad keniana de Othaya, Rigathi Gachagua comunicó que se encontraba a salvo tras lo que describió como un ataque con armas de fuego y gases lacrimógenos mientras permanecía en el templo. Según difundió el propio exvicepresidente a través de redes sociales y luego confirmaron medios locales, su evacuación fue facilitada por su equipo de seguridad con la ayuda de habitantes de esa zona, ubicada 125 kilómetros al norte de Nairobi. Este episodio fue rápidamente atribuido por Gachagua al gobierno del presidente William Ruto, generando una respuesta de condena por parte de diversos líderes opositores y civiles, según consignó el diario keniano 'Daily Nation'.
De acuerdo con lo reportado, el exvicepresidente responsabilizó directamente a William Ruto por haber enviado lo que denominó un “escuadrón de asesinos” a la mencionada iglesia, señalando una supuesta complicidad de la Policía local en el operativo. En sus mensajes públicos, Gachagua sostuvo: “William Ruto ha enviado un escuadrón de asesinos para matarnos dentro de la iglesia ACK de Wairima, en Othaya. Nos encontramos atrapados en la iglesia, siendo atacados con munición real y gas lacrimógeno, y nuestros vehículos han sido incendiados”. Además reclamó el apoyo espiritual de la población y pidió que los residentes rezaran por su integridad y la de sus acompañantes.
Posteriormente, Gachagua anunció que ya se hallaba en resguardo y, desde su domicilio en Wamunyoro, recomendó a quienes se dirigían a Othaya o a la vecina Kiawara que regresaran de forma pacífica a sus viviendas. Según sus declaraciones, los supuestos agresores incendiaron automóviles y desarmaron los equipos de sonido utilizados en el encuentro. El exvicepresidente advirtió que los responsables aún se encontraban en ambas localidades y desconocía sus propósitos tras el fallido ataque dentro del recinto religioso.
Tal como publicó el medio 'Daily Nation', Gachagua agradeció a figuras políticas y a la ciudadanía keniana “por salir a condenar este acto atroz de William Ruto”. Hasta la publicación del informe original, la presidencia no había emitido comentarios sobre las acusaciones. Además, el líder del movimiento Wiper, Kalonzo Musyoka, calificó los acontecimientos como un quebranto grave de la Constitución y del Estado de derecho. Musyoka enfatizó, según el mismo diario, que “una iglesia es un espacio sagrado y protegido” y remarcó que la utilización de la fuerza contra civiles no armados en ese contexto resulta, en sus palabras, “ilegal e indefendible”.
Otro de los dirigentes que cuestionó el operativo fue Justin Muturi, exfiscal general y actual secretario de gabinete de Ruto (hasta marzo de 2025). Muturi exigió públicamente que la Policía asuma la responsabilidad de los hechos y opinó: “Este comportamiento es inaceptable en un país democrático en funcionamiento”, según reflejó 'Daily Nation'.
En medio de la controversia, el ministro de Interior, Kipchumba Murkomen, declaró que observó “con gran preocupación” los sucesos en la iglesia de Othaya. Defendió que la violencia no puede permitirse en ningún lugar, y menos aún en un recinto de culto. Murkomen informó que había consultado al inspector general de Policía, Douglas Kanja, quien, conforme al ministro, aseguró que las investigaciones se llevan adelante con la urgencia apropiada y promesas de que los responsables enfrentarán la Justicia. El funcionario instó a la Policía a operar de manera imparcial, sin considerar la posición social o afiliación política de los implicados. Ratificó el compromiso oficial con la democracia y los derechos de reunión y culto, e instó a la población local a conservar la calma mientras las pesquisas seguían su curso.
Pese a estos mensajes oficiales, la posición de Gachagua se mantuvo inalterada. Tal como divulgó el portal Citizen, el exvicepresidente reiteró su acusación contra la Policía, asegurando que “llovieron balas a cántaros” durante al menos 40 minutos. Gachagua sostuvo que los atacantes actuaron en la iglesia mientras la estación policial de Othaya se encuentra a tan solo 200 metros, lo que llevó a cuestionar la veracidad y transparencia de las investigaciones anunciadas. El antiguo dirigente cifró en quince el número de agentes policiales presuntamente involucrados en el incidente, puntualizando el carácter organizado de la acción.
La condena de líderes políticos, así como los comunicados de las autoridades responsables del orden interno, revelan la magnitud de la tormenta política y social tras los hechos en Othaya. 'Daily Nation' recopiló las diferentes voces que resaltaron la ilegalidad de emplear la fuerza en ambientes religiosos y la necesidad de esclarecer lo sucedido. La polémica se mantiene abierta ante la falta de un posicionamiento oficial de la presidencia y mientras continúa la investigación sobre lo ocurrido, en un contexto ya marcado por la tensión política entre facciones gubernamentales y opositoras en Kenia.
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