Feijóo pide a Sánchez y a la UE que Mercosur no entre en vigor si no hay certeza de garantías para el campo

La tensión en torno a la futura ratificación del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur se intensificó tras la reciente decisión del Parlamento Europeo de solicitar la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evaluar la adecuación legal del tratado. Según detalló Europa Press, esta medida, apoyada por eurodiputados españoles tanto de Vox como de formaciones de izquierda como Sumar, ERC y BNG, introduce un retraso en la tramitación del pacto comercial. En la votación celebrada en Bruselas, la propuesta obtuvo la mayoría por un margen reducido de diez votos, lo que en la práctica significa el aplazamiento del proceso de ratificación, aunque la aplicación provisional del acuerdo sigue bajo la competencia de la Comisión Europea.

En este contexto político marcado por divisiones, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, instó este jueves al Ejecutivo español y a la Comisión Europea a no activar la puesta en marcha del acuerdo con los países sudamericanos hasta que existan “plenas certezas” respecto a la incorporación y cumplimiento de garantías para los productores agrícolas españoles. Feijóo argumentó a través de un mensaje publicado en la red social X, y citado por Europa Press, que la posición de su partido no ha variado con el paso del tiempo: “La entrada en vigor de Mercosur solo puede producirse una vez que se apruebe un procedimiento para que las cláusulas de protección sean automáticas, se refuercen los controles en frontera y se reduzcan las actuales exigencias a los agricultores impuestas por Europa y el gobierno central”.

Según informó Europa Press, el presidente del PP explicó que su formación se opone a cualquier aprobación provisional del acuerdo comercial entre la UE y el bloque sudamericano sin la existencia de los mecanismos citados, que a su juicio resultan imprescindibles para garantizar la competencia leal y la supervivencia del campo español. Además, Feijóo atribuyó la dificultad para establecer dichas salvaguardas a la actuación de Vox, BNG y partidos independentistas, señalando que su negativa complicó la aprobación de estas garantías en el Parlamento: “Y es un error. Pero sin ellas, el PP no puede apoyar la aprobación provisional del tratado. Así no”, concluyó el líder de la oposición, según consignó el medio.

En línea con la postura de Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, formuló un llamamiento a la Comisión Europea para que no active el acuerdo UE-Mercosur hasta que queden aseguradas las medidas de protección solicitadas para los productores agrícolas y ganaderos de España. Esta exigencia, compartida por distintos dirigentes del PP, pone de manifiesto la preocupación sectorial generada por la posible competencia de productos agrícolas procedentes de los países miembros del Mercosur, considerados potencialmente más baratos y sujetos a estándares diferentes.

Según publicó Europa Press, las demandas del PP se centran en tres puntos: la activación automática de las cláusulas de salvaguardia en caso de disrupciones en el mercado, el refuerzo en los controles de frontera para vigilar la entrada de mercancías, y la reducción de los requisitos regulatorios y administrativos vigentes para los agricultores españoles por parte de las instituciones comunitarias y estatales. Desde la perspectiva del PP, la falta de estas garantías podría traducirse en desventajas competitivas para el sector primario español frente a los productos importados.

De acuerdo con la información recopilada por Europa Press, el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur representa una de las alianzas comerciales más amplias negociadas por el bloque europeo, involucrando a países como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, todos grandes exportadores agrícolas. El objetivo principal del tratado es facilitar los intercambios de bienes y servicios, reducir aranceles y establecer normas comunes, aunque diversas formaciones políticas y organizaciones sectoriales españolas han manifestado su inquietud en torno al posible impacto sobre la agricultura y la ganadería nacionales.

La preocupación de los representantes del campo español se ha reflejado, según reportó Europa Press, en la exigencia de mecanismos de protección inmediatos y efectivos para el sector agroalimentario. La resolución aprobada en el Parlamento Europeo, promovida por grupos de izquierda, insta al TJUE a pronunciarse sobre la compatibilidad del acuerdo comercial con el derecho de la Unión Europea. Mientras tanto, la Comisión Europea tiene la facultad de autorizar su aplicación provisional, lo que mantiene abierta la posibilidad de que el intercambio de bienes y servicios pueda comenzar antes de su plena ratificación.

En el contexto actual de la política española, la postura del PP contrasta con la de otros partidos, como PSOE y PNV, que en la reciente votación en Bruselas se posicionaron en contra de la denuncia judicial del acuerdo, tal como recogió Europa Press. Los dos europarlamentarios de la lista Se Acabó La Fiesta (SALF) liderada por Alvise también se opusieron a la iniciativa, sumando sus votos a los de populares, socialistas y nacionalistas vascos para intentar frenar la solicitud de intervención judicial.

Según consignó Europa Press, los argumentos esgrimidos por quienes defienden la entrada en vigor del acuerdo resaltan la importancia geoestratégica de consolidar las relaciones económicas y políticas entre la Unión Europea y América Latina, en un contexto internacional caracterizado por tensiones comerciales y la necesidad de garantizar cadenas de suministro fiables para productos como los alimentos y las materias primas.

A pesar de estas consideraciones, la exigencia de “plena certeza” sobre las garantías para el campo español ha pasado a ocupar un papel central en el debate político sobre el tratado. Feijóo subrayó que la protección del sector primario sigue siendo una línea roja para el PP en las negociaciones, y que sin avances concretos no resultará viable ningún apoyo a una aprobación provisional del pacto.

Europa Press recogió también que la solicitud para que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre el acuerdo provisional entre la UE y Mercosur supone, en los hechos, el congelamiento de parte del procedimiento legislativo, mientras que sigue pendiente la decisión de la Comisión sobre la entrada en vigor parcial del tratado. Así, el futuro de uno de los mayores tratados comerciales internacionales del bloque europeo queda condicionado al desarrollo de los debates jurídicos, técnicos y políticos tanto en Bruselas como en Madrid.