México extradita a EEUU a 37 miembros de organizaciones criminales

El gobierno mexicano confirma el traslado de individuos considerados altamente peligrosos por tráfico y crimen organizado hacia seis urbes clave de Estados Unidos, vuelos realizados bajo estrictas medidas de seguridad y cooperación bilateral, según el secretario Omar García Harfuch

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La mayor parte de los 92 extraditados a Estados Unidos durante la actual administración mexicana corresponde a personas identificadas como figuras relevantes en organizaciones delictivas, según detalló el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a través de redes sociales. De acuerdo con información publicada por medios nacionales y recogida por El País, el gobierno mexicano concretó este martes el envío de 37 personas bajo estrictas medidas de seguridad, ampliando así el número de individuos trasladados en lo que va del mandato de Claudia Sheinbaum.

Según reportó El País, estas extradiciones se realizaron a petición directa del Departamento de Justicia estadounidense y forman parte de un esquema de colaboración bilateral formulado para garantizar que los traslados respeten la soberanía nacional y el debido proceso. Las personas puestas a disposición de las autoridades norteamericanas se encontraban vinculadas a delitos relacionados con tráfico de drogas, crimen organizado y amenazas a la seguridad pública tanto en México como en Estados Unidos. Las autoridades mexicanas aseguraron que la operación se llevó a cabo siguiendo las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, y se realizó a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Las 37 personas fueron enviadas a seis ciudades de Estados Unidos: Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, según precisó García Harfuch. El funcionario subrayó que el traslado se concibió en estricto apego a los mecanismos legales y bajo condiciones de seguridad reforzada, como ha sucedido en los operativos recientes de cooperación entre ambos países. El secretario también puntualizó que, como parte del acuerdo concertado con el gobierno estadounidense durante la administración de Donald Trump, “no se solicitará la pena de muerte contra los extraditados”.

El anuncio enfatizó que estas extradiciones responden a demandas históricas por parte del gobierno de Estados Unidos, y reflejan el compromiso bilateral contra las redes de tráfico y crimen organizado que operan en ambos lados de la frontera. Según consignó El País, el proceso obedece a la prioridad compartida tanto por México como por Estados Unidos de reforzar la lucha regional contra estas organizaciones. Las autoridades mexicanas destacaron que el operativo se diseñó atendiendo a los estándares internacionales y bajo elementos coordinados con agencias estadounidenses para garantizar la seguridad y legalidad del traslado.

En febrero de 2025, la administración encabezada por Claudia Sheinbaum llevó a cabo una operación similar, cuando se extraditaron 29 personas reconocidas como líderes del crimen organizado. Desde esa fecha, explicó el gabinete de seguridad, se han intensificado los mecanismos de colaboración con el objetivo de acelerar los procesos judiciales para individuos señalados por delitos de alto impacto tanto en territorio mexicano como en el extranjero.

El secretario García Harfuch señaló que todos los extraditados integraban la lista de objetivos prioritarios de las autoridades estadounidenses, quienes presentaron solicitudes formales y requisitos específicos para garantizar que los procesos respetaran los derechos fundamentales y las leyes mexicanas. El acuerdo bilateral establece como condición la no aplicación de la pena capital, una demanda reiterada por el gobierno mexicano debido a su marco legal y consideraciones sobre derechos humanos. El País detalló que estos estándares se mantuvieron en los traslados realizados este martes.

A lo largo de los últimos años, la extradición de personas vinculadas al crimen organizado ha representado una herramienta relevante para los gobiernos de ambos países en el intento de debilitar las estructuras delictivas transnacionales. Según reportó El País, la logística de estas operaciones ha requerido coordinación directa entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y autoridades militares. Las aeronaves militares utilizadas permitieron mantener discreción, seguridad y celeridad durante todo el trayecto hacia las ciudades de destino en Estados Unidos.

Además de destacar el carácter legal y bilateral del operativo, las autoridades mexicanas recordaron que los procesos de extradición sólo proceden cuando existen expedientes judiciales sólidos y solicitudes formales avaladas por las instancias correspondientes en ambas naciones. Según consignó El País, los traslados responden a procesos en etapa avanzada que constan de investigaciones conjuntas y colaboración entre fiscalías y dependencias de seguridad, tanto federales como estatales, en México y Estados Unidos.

El gobierno mexicano reiteró que su colaboración en esta materia se sustenta en el respeto a los derechos humanos y la normatividad nacional e internacional. Las extradiciones, señalaron las autoridades, buscan reforzar la cooperación judicial y enfrentar conjuntamente el reto representado por el crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas y otros delitos asociados que impactan la seguridad y estabilidad en ambos países.

El proceso, de acuerdo con publicaciones en El País, representa una continuación de la política de transferir a suelo estadounidense a personas consideradas de alto riesgo para facilitar el acceso de las autoridades federales norteamericanas a imputados cuya captura, resguardo y posterior enjuiciamiento resultan más viables bajo la jurisdicción de Estados Unidos. El enfoque incluye medidas de colaboración para mantener la integridad de los detenidos y la transparencia en la entrega de pruebas e información relevante.

A través de informes oficiales y mensajes difundidos por Omar García Harfuch, el gobierno mexicano indicó que ha mantenido canales de comunicación abiertos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para coordinar próximas extradiciones. El País reportó que la administración federal prevé la continuidad de estos operativos en el marco de los acuerdos de cooperación existentes, orientados a la persecución de líderes criminales y al fortalecimiento de la seguridad en la región.