Presentan una moción para destituir al presidente por el arresto y traslado de Duterte al TPI

Una serie de investigaciones sobre corrupción en Filipinas ha arrojado luz sobre proyectos de control de inundaciones valorados en 9.000 millones de euros, que presuntamente involucraron a senadores, congresistas y empresarios en desvíos y trabajos deficientes, afectando zonas impactadas por los tifones ‘Kalmaegi’ y ‘Fung-wong’ y dejando más de 250 víctimas mortales. En este contexto, el diputado Zaldy Co, ahora fuera del país tras ser identificado como sospechoso principal del desfalco, declaró que el presidente Ferdinand Marcos Jr. estaba implicado en estos hechos, una afirmación que el Ejecutivo ha descartado como meras especulaciones. Paralelamente, el arresto y envío del expresidente Rodrigo Duterte al Tribunal Penal Internacional (TPI) ha desencadenado una crisis política e institucional, despertando acusaciones y desafíos a la gestión de la actual administración, de acuerdo con lo reportado por el portal de noticias Rappler.

La controversia tomó fuerza tras la presentación de una moción destinada a destituir al presidente Marcos Jr., registrada por el abogado André de Jesus, quien reclamó que el mandatario debía ser responsabilizado por el arresto y la posterior entrega de Duterte a la justicia internacional. Esta acción ha contado con el respaldo del legislador Jett Nisay, del minoritario partido Pusong Pinoy, y representa la primera solicitud formal de este tipo desde que Marcos asumió la presidencia en 2022. La moción le imputa a Marcos Jr. una vulneración de la soberanía nacional al facilitar el traslado de Duterte al TPI, interpretando la medida como un quebranto de la Constitución y una traición a la confianza depositada por la ciudadanía, según publicó Rappler.

La entrega de Duterte al Tribunal Penal Internacional tuvo lugar a pesar de que Filipinas ya no es parte del Estatuto de Roma, tratado fundacional del TPI. Marcos Jr. ha justificado la decisión afirmando que, tras emitirse la orden de arresto internacional, Manila tenía la obligación de colaborar con la Interpol y otras organizaciones internacionales, como detalla el medio Rappler. La acusación formal contra Duterte, arrestado en La Haya desde marzo, incluye tres cargos por crímenes contra la humanidad, entre los que figura su presunta participación indirecta en 19 asesinatos ocurridos durante su periodo como regidor de la ciudad de Dávao entre 2013 y 2016. Los otros dos cargos están relacionados con su gestión como presidente de Filipinas.

La portavoz presidencial, Claire Castro, estableció la postura del Ejecutivo filipino ante la moción presentada. Explicó que la recepción y el trámite de denuncias forman parte de los procedimientos democráticos recogidos en la Constitución y defendió la independencia y fortaleza del Congreso como organismo igualitario del Gobierno. “Respetamos este proceso y confiamos en que el Congreso, como rama del gobierno con igualdad de derechos, desempeñará sus funciones con honestidad, integridad y fidelidad”, expresó, según citó Rappler. Castro sostuvo que el presidente Marcos Jr. mantiene su compromiso con la Constitución y la continuidad de la acción gubernamental, señalando que la labor del Ejecutivo continúa orientada hacia la mejora en la calidad de vida de los habitantes del país.

El escándalo ha incrementado la tensión entre las figuras más influyentes de la política filipina. La vicepresidenta y hija de Rodrigo Duterte, Sara Duterte, calificó la detención y el traslado de su padre como un “secuestro” resultado de una “persecución y opresión” por parte de las autoridades. Estas afirmaciones reflejan el deterioro de las relaciones entre las familias Duterte y Marcos, cuyos intereses políticos habían coincidido en el pasado, pero que presentan distanciamiento desde 2022 por motivos electorales y rivalidades internas, según ha reportado Rappler.

El proceso judicial contra Duterte en La Haya ha servido de punto de inflexión para las disputas existentes en las cúpulas políticas. La imputación establece a Duterte como coautor indirecto de asesinatos registrados mientras ocupaba la alcaldía de Dávao y apunta a presuntas violaciones de derechos humanos que se extendieron durante su periodo presidencial. El seguimiento internacional sobre el caso y la respuesta de las instituciones filipinas forma parte del debate público sobre los límites de la cooperación internacional y la protección de la soberanía.

Con la implicación de más de 37 senadores, diputados y empresarios en las pesquisas sobre el desvío de fondos de los proyectos hidráulicos, Rappler señala que la crisis institucional se ve alimentada por acusaciones cruzadas de corrupción y traición, sumadas a las disputas judiciales a nivel internacional. Las obras financiadas tenían como objetivo prevenir catástrofes tras los tifones, pero los informes revelan que en numerosas localidades los proyectos sólo existieron en papel o se realizaron de forma deficiente. Este contexto ha encendido críticas sobre el manejo de recursos públicos y la transparencia en la gestión gubernamental.

El respaldo a la moción de destitución contra Marcos Jr. por parte del diputado Nisay se halla bajo escrutinio, ya que el congresista está siendo investigado en el escándalo de corrupción relacionado con los multimillonarios proyectos de control de aguas. La portavoz presidencial ha traído al primer plano esta situación, en alusión a la legitimidad de quienes impulsan la acción parlamentaria, según describe Rappler. Por otra parte, el gobierno sostiene que las acusaciones relacionadas con la presunta implicación de Marcos Jr. en el desfalco masivo carecen de fundamento y responde a ellas clasificándolas como conjeturas.

Las divisiones institucionales en Filipinas han alcanzado una nueva dimensión tras el traslado de Duterte a La Haya. Mientras el Congreso estudia la moción para la destitución presidencial, las diferencias internas y las acusaciones de corrupción continúan marcando el ritmo de la política nacional, en un escenario dominado por la polarización y la incertidumbre respecto al desenlace de los procesos judiciales y políticos abiertos, según detalla Rappler en su cobertura.