El jefe de DDHH de la ONU denuncia un "incremento alarmante" de las ejecuciones en todo el mundo durante 2025

Las estadísticas muestran que al menos el 47% de las ejecuciones en Irán durante el año pasado tuvieron relación con delitos vinculados a las drogas, afectando en particular a minorías y migrantes a través del uso sistemático de la pena de muerte para intimidar desde el Estado. Esta práctica, además de generar preocupación entre organismos internacionales, refleja un patrón global de incremento en el uso de la pena capital por delitos que no son considerados graves por el Derecho Internacional. Según informó la ONU a través de un comunicado emitido por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, en 2025 se registró un récord mundial de ejecuciones, a pesar de que solo alrededor de 15 países las llevaron a cabo, y la tendencia internacional sigue enfocándose en la abolición.

El comunicado de la Oficina del Alto Comisionado, citado por varios medios especializados, resalta que este repunte incluyó un aumento notable de condenas a muerte por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, medida incompatible con los marcos legales internacionales y, según Turk, poco efectiva para generar una disminución de la delincuencia. En Irán, al menos 1.500 personas fueron ejecutadas en el año anterior, cifra alcanzada solo por un reducido conjunto de países. El informe oficial detalló que estas cifras no corresponden únicamente a casos de homicidio o delitos violentos, sino que buena parte de las ejecuciones tuvieron motivos que, desde la perspectiva de organismos internacionales, no justificarían la aplicación de la pena máxima.

En el caso de Arabia Saudí, la cantidad de personas ejecutadas durante 2025 ascendió a 356, superando los registros del año previo. De acuerdo con la ONU, en al menos dos de los casos, los condenados cometieron los delitos cuando todavía eran menores de edad, cuestión que, según el organismo multilateral, plantea interrogantes sobre la protección de los derechos de la infancia y el cumplimiento de acuerdos internacionales en la materia. Por otro lado, información difundida por la ONU señala que en Estados Unidos el número de ejecuciones llegó a 47, el pico más elevado en los últimos 16 años. Estas cifras ratifican que, a pesar del descenso global y de la abolición formal en la mayoría de los Estados, la pena capital mantiene presencia en el sistema judicial estadounidense.

En otras latitudes, la ONU denunció la continuidad de ejecuciones públicas en Afganistán, acción calificada como una violación clara del Derecho Internacional. Casos similares, aunque en menor escala, se registraron en Somalia, donde tuvieron lugar 24 ejecuciones, y en Singapur, con 17 personas ejecutadas. Ambos países figuran en el listado de naciones señaladas por el Alto Comisionado en el comunicado global.

El acceso a datos comprobables sobre el uso de la pena de muerte en China y Corea del Norte permanece restringido debido al hermetismo de ambos gobiernos. Según reportó la ONU, la falta de transparencia en estos Estados dificulta la obtención de información precisa sobre el número real de ejecuciones y sobre los procedimientos empleados.

En Bielorrusia, un reciente endurecimiento de las leyes sobre seguridad nacional y terrorismo amplió el alcance de los delitos castigados con la pena máxima. Esta extensión legislativa lleva a la ONU a advertir acerca de la posibilidad de un incremento futuro de ejecuciones en ese país. Por su parte, Israel debate distintos proyectos de ley que contemplan el establecimiento de una pena capital obligatoria circunscrita exclusivamente a palestinos. Volker Turk, en el documento oficial, señaló que tales propuestas plantean dudas importantes respecto al derecho al debido proceso y a potenciales violaciones a normas internacionales.

En relación al conflicto en Gaza, el Alto Comisionado también se pronunció acerca de las ejecuciones llevadas a cabo por el grupo Hamás, indicando que estas violan gravemente los derechos humanos de los condenados y constituyen una preocupación adicional dentro del clima de inseguridad jurídica en la región.

Turk sostuvo en el comunicado que “la pena de muerte no es una herramienta efectiva y puede llevar a la ejecución de gente inocente. En la práctica, acaba aplicándose de forma arbitraria y discriminatoria, en una clara violación de los principios de igualdad ante la ley”. Además, reiteró el llamado de su oficina a la comunidad internacional para suspender todas las ejecuciones capitales, exhortando a los Estados que mantienen esta práctica a establecer una moratoria inmediata mientras se desarrollan medidas para la abolición total.

Según publicó la ONU, la organización reitera que el uso de la pena de muerte contraviene los compromisos adquiridos por sus miembros y subraya el impacto negativo que mantiene, en particular sobre minorías y colectivos migrantes, quienes suelen enfrentar los procesos judiciales con mayores obstáculos y menor acceso a la justicia. Esta observación forma parte de un diagnóstico más amplio sobre el acceso desigual al sistema legal y la tendencia a aplicar la pena máxima en forma selectiva sobre ciertos grupos de población.

El organismo internacional recordó que las legislaciones de algunos Estados, al mantener la pena de muerte en el ordenamiento jurídico, abren la puerta a su uso futuro ante eventuales crisis políticas y sociales. Así, recalca la importancia de avanzar hacia un consenso global que ratifique la abolición de este tipo de sentencias como parte de un esfuerzo por mejorar las garantías fundamentales para todos los ciudadanos, tal como se concluyó en las observaciones hechas públicas por el Alto Comisionado.