Respuestas a varios interrogantes clave del Tratado de Alta Mar

Redacción Medioambiente, 16 ene (EFE).- El Tratado de Alta Mar, en vigor desde este sábado, plantea varios interrogantes clave acerca de su cometido. Entre ellos, por qué este acuerdo supone un hito histórico, qué garantías ofrece y qué amenazas afronta la vida marina.

A continuación se enumeran las cuestiones más relevantes:

Han hecho falta casi 20 años de negociaciones para que el 4 de marzo de 2023 los gobiernos de todo el mundo terminaran el texto de un nuevo Tratado de las Naciones Unidas (ONU) para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ), en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM).

Tras su traducción a los seis idiomas oficiales de la ONU, el 19 de junio de 2023, los Estados Miembros adoptaron su texto formal. Este sábado entra en vigor ese documento tras haber sido ratificado por 82 países para poder asumirlo como Ley internacional.

Se denomina Alta Mar a las aguas internacionales que cubren más de dos tercios de la superficie oceánica mundial, lo que equivale a casi un 50 % de la superficie del planeta. Se trata de una zona oceánica ubicada fuera de las jurisdicciones nacionales de los países, gobernado de manera colectiva por todas las naciones.

La Alta Mar es uno de los mayores reservorios de biodiversidad del planeta y un componente clave de los sistemas terrestres, como la hidrosfera y la biosfera, y ciclos (como los del carbono y el agua), con lo que resulta clave para la regulación climática.

La biodiversidad en Alta Mar se ve afectada por el impacto de la actividad humana: prácticas pesqueras destructivas -pesca de arrastre de fondo- y pesca ilegal, entre otras.

Existe otro tipo de amenazas a la vida marina como la que representa la contaminación por plásticos y productos químicos, el ruido, el transporte marítimo o la minería de los fondos marinos. También está la acidificación y el calentamiento del agua por la crisis del clima.

Una vez convertido en Ley internacional, ofrece a la comunidad internacional herramientas para proteger la alta mar al fijar requisitos con los que gestionar las actividades humanas que afectan la vida en alta mar.

Asimismo proporciona una vía legal para la creación de las primeras (AMP) en alta mar, clave para alcanzar la meta mundial de proteger al menos un 30 % del océano para 2030.

Establece pautas claras para conservar la biodiversidad en alta mar. En concreto, permitirá a la comunidad internacional efectuar evaluaciones del impacto ambiental (EIA) de las actividades que puedan dañar la vida marina y crear las primeras áreas marinas protegidas (AMP).

Garantiza el acceso y la participación justa en los beneficios relacionados con los recursos genéticos marinos (RGM).

Mejora la transferencia de tecnología para los países en desarrollo en materia de biodiversidad marina en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional.

Establece una Conferencia de las Partes (COP) y otros órganos institucionales como un órgano científico y técnico, un Comité de Implementación y Cumplimiento y comités especializados, que trabajarán con las autoridades existentes que regulan la pesca, el transporte marítimo y la minería.

Estipula la votación, en caso de no llegar a un consenso, con adopción por mayoría general de dos tercios y por una mayoría de tres cuartos para las decisiones sobre la creación de AMP y cuestiones relacionadas con la participación en los beneficios monetarios de los RGM.

Según la Alianza de la Alta Mar, existe una posible laguna que exime a los órganos existentes de cumplir nuevas obligaciones en materia de EIA si ya cuentan con su propia normativa al respecto.

Se insta a las partes a promover el uso de las normas y directrices de EIA que se han elaborado en el marco del tratado.

¿Estipula nuevas normas para la minería marina?

No establece reglamentos para la minería marina ni impedirá por sí solo el inicio de la minería submarina en el océano. No obstante, aborda la conservación de la biodiversidad marina -como los RGM- en los fondos marinos de las zonas que quedan fuera de la jurisdicción nacional. EFE