
El decreto recientemente firmado ordena la revocación de todas las leyes y disposiciones establecidas como resultado del censo de 1962, lo que implica la restitución de la ciudadanía siria para miles de kurdos afectados por dicha normativa. Según informó la agencia Europa Press, esta medida del presidente interino Ahmed al Shara llega tras varios días de tensiones y enfrentamientos en Alepo entre el Ejército sirio y las milicias kurdo-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), en un contexto marcado por la falta de acuerdos políticos definitivos y la inestabilidad generada desde la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar Al Assad.
El decreto presentado por Al Shara, consistente en ocho puntos, reconoce explícitamente la identidad y los derechos del pueblo kurdo en Siria. De acuerdo con Europa Press, el texto asegura que “los ciudadanos kurdos sirios son considerados una parte esencial e integral del pueblo sirio”, apuntando que su identidad cultural y lingüística compone una fracción inseparable dentro de la identidad nacional del país, caracterizada por la unidad y la diversidad. Además, la normativa establece el compromiso del Estado sirio para proteger la riqueza cultural y lingüística existente, ofreciendo garantías para que los kurdos puedan rescatar, preservar y promover su patrimonio, sus manifestaciones artísticas y el desarrollo de su lengua materna en concordancia con las reglas de la soberanía nacional.
El decreto también regula el estatus del idioma kurdo dentro del sistema educativo. Según publicó Europa Press, el idioma kurdo pasa a ser reconocido como “lengua nacional”, autorizando su enseñanza en escuelas públicas y privadas situadas en regiones donde la población kurda constituye un porcentaje relevante, ya sea como parte del currículo escolar formal o en calidad de actividad cultural y pedagógica complementaria.
Otra de las disposiciones relevantes incluye la declaración del Nowruz, la principal celebración del año nuevo kurdo, como día festivo oficial. Paralelamente, el documento ordena a los medios de comunicación y a las entidades educativas adoptar un “discurso nacional integral”, con énfasis en la convivencia y el rechazo a toda narrativa que promueva la discriminación.
Respecto a la protección de los derechos de las minorías, el texto señala que toda “discriminación o exclusión basada en motivos de etnia o idioma queda expresamente prohibida por la ley”, y advierte sobre la imposición de sanciones a quienes inciten a la “sedición nacional” en concordancia con el marco normativo vigente. El decreto requiere además que los ministerios y autoridades competentes elaboren las instrucciones necesarias para su implementación, asegurando su cumplimiento en la administración pública y otros ámbitos estatales.
En el discurso televisado en que hizo público el nuevo marco legal, el presidente de transición exhortó a la ciudadanía kurda a contribuir activamente en la reconstrucción del país, destacando la importancia de mantener la seguridad y la unidad de la nación. Ahmed al Shara sostuvo que el propósito de la medida responde a la búsqueda del bienestar general de Siria y su gente, y llamó a la comunidad kurda a no dejarse influenciar por “narrativas de sedición”.
Los incidentes recientes en Alepo, señalados por Europa Press, ocurrieron en los barrios de Sheij Maqsud y Ashrafiyé, áreas de mayoría kurda que han estado regidas durante cerca de tres lustros por autoridades y comités locales kurdos tras el estallido del conflicto civil en 2011. El repunte de la violencia surgió después del estancamiento en las negociaciones entre Damasco y las FDS, centradas en la reintegración de las fuerzas kurdas y en definir el papel de las administraciones semiautónomas en el nuevo esquema institucional pos-Assad.
Las conversaciones previas, que tuvieron como protagonistas a Mazloum Abdi –comandante de las FDS– y a Ahmed al Shara, llevaron en marzo de 2025 a la firma de un acuerdo orientado a reincorporar tanto las estructuras civiles como militares de las zonas autónomas kurdas, abarcando a las propias FDS, bajo la administración del Estado central. Además, dicho documento buscaba activar un cese al fuego de alcance nacional. No obstante, detalló Europa Press, persistieron diferencias sobre la implementación efectiva del proceso de integración, impidiendo avances sustantivos en dicho acuerdo.
De acuerdo a Europa Press, la promulgación del presente decreto representa un esfuerzo institucional para contener las fricciones internas, restaurar derechos históricamente restringidos y redefinir la relación entre el Estado sirio y la comunidad kurda, en un marco que prohíbe la exclusión en razón de la diversidad étnica y lingüística existente en el país.
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