
FACUA-Consumidores en Acción incluyó en su denuncia un señalamiento específico al cargo adicional bajo el concepto 'Platinum', cuyo importe variaba según la demanda de boletos y que, según la asociación, provocó la percepción de inseguridad entre quienes buscaron entradas para los conciertos de Rosalía en Madrid y Barcelona. Esta práctica se sumó al cuestionamiento central por parte de la organización de defensa del consumidor: la supuesta imposición de gastos de gestión que llegaron hasta los 66 euros por boleto. De acuerdo con el informe publicado por Europa Press, la denuncia fue presentada ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
La promoción de los próximos espectáculos de Rosalía, previstos para los meses de marzo y abril en ambas ciudades, motivó la acción de FACUA contra Live Nation España, promotora encargada de los eventos. Según reportó Europa Press, los recargos detectados motivaron a la asociación a poner especial énfasis en la transparencia y claridad de los cargos asociados a la compra de entradas. Además, la denuncia refleja el descontento de los usuarios que se enfrentan a pagos adicionales difíciles de prever al momento de adquirir su boleto, en especial ante el funcionamiento de la modalidad 'Platinum', en la que el precio fluctúa dependiendo del interés del público y la demanda en tiempo real.
FACUA también recordó que ya había cuestionado a Live Nation España en el pasado por cobros similares bajo el mismo motivo en conciertos de Lady Gaga y AC/DC, según detalló Europa Press. La asociación considera que la variabilidad en los recargos y la falta de información concreta en los procesos de venta de entradas pueden afectar la confianza y seguridad de quienes asisten a estos espectáculos. Para FACUA, el ajuste de precios con base en la demanda representa una acción que consideran abusiva si no se comunica con suficiente antelación y claridad a los consumidores.
El Ministerio de Consumo, consultado por Europa Press, indicó que no suele informar sobre las denuncias individuales recibidas ni sobre las actuaciones concretas derivadas de estas quejas. No obstante, fuentes del departamento aseguraron que toda posible infracción de la normativa sobre protección al consumidor se encuentra bajo análisis constante, incluyendo aquellas referidas a la comercialización de entradas de eventos y espectáculos. Según la información facilitada por Europa Press, el Ministerio mantiene una supervisión activa frente a modelos de negocio en el sector, especialmente cuando surgen reclamaciones relevantes.
La denuncia presentada por FACUA llega pocos meses después de que, en octubre, el propio Ministerio de Consumo anunciara la apertura de un expediente sancionador a una importante promotora de festivales por prácticas que habían sido objeto de queja ante la misma entidad, según informó el medio. Estos antecedentes forman parte del contexto de vigilancia y seguimiento por parte de las autoridades a posibles irregularidades en la organización de conciertos y la gestión de la venta de entradas en España.
La cuestión de los gastos de gestión y de la transparencia en la política de precios, especialmente en grandes eventos musicales, ha generado preocupación entre las agrupaciones de consumidores, quienes insisten en la necesidad de criterios claros para la aplicación de los recargos. Desde FACUA, la práctica de modificar los importes en función del comportamiento de la demanda crea situaciones en las que los usuarios desconocen el coste final de la entrada hasta los últimos pasos de la compra. Según lo reportado por Europa Press, la organización subrayó que este procedimiento profundiza la sensación de inseguridad en el proceso de compra.
El expediente abierto por el Ministerio a otra promotora en fechas recientes revela, según consignó Europa Press, que las denuncias por cobros y suplementos en la venta de boletos se han convertido en una cuestión de interés creciente para las autoridades y asociaciones del sector. La monitorización de estas prácticas y la posible actualización o refuerzo de la normativa de protección al consumidor se mantienen en el foco de la agenda pública vinculada a la organización de espectáculos en España.
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