Rodríguez dice que la medida de Sumar de prorrogar los alquileres incidiría en las viviendas disponibles

El consenso alcanzado en las últimas semanas en el Congreso sobre la nueva regulación para los alquileres de temporada y de habitaciones ha contado con un proceso de diálogo y negociaciones “discretas”, que buscan combatir prácticas consideradas fraudulentas en el ámbito del mercado de alquiler, según informó Europa Press. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, explicó que esta preocupación sobre el auge de alojamientos turísticos irregulares también se extiende al ámbito europeo y apuntó a la eficacia de iniciativas como la ventanilla de registro único, que habría contribuido a reducir en un 4% este tipo de alojamientos en zonas turísticas. Dentro del conjunto de medidas, Rodríguez expuso que la propuesta de Sumar para prorrogar los contratos de alquiler que vencerán en 2026 y 2027 impactaría en la disponibilidad de viviendas en el mercado y alimentaría dudas sobre la seguridad jurídica.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la ministra destacó que el objetivo de las medidas impulsadas por el Gobierno se centra en reducir el precio de los alquileres, garantizar la estabilidad de los contratos y mantener la oferta de vivienda residencial disponible. Rodríguez señaló que la eficacia de estas políticas se ha comprobado en territorios donde la Ley de Vivienda opera con instrumentos dirigidos a estabilizar los precios y asegurar la continuidad de viviendas en el mercado de alquiler. En entrevista con ‘Onda Cero’, citada por Europa Press, subrayó que la propuesta de Sumar se limita a una coyuntura puntual, pues solamente afectaría a los contratos de alquiler de este año, mientras que el Real Decreto ley anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca atender de forma más amplia las situaciones que puedan crear inestabilidad en el mercado del alquiler.

Rodríguez insistió en que la bonificación fiscal del 100% en el IRPF para propietarios, recogida en la reciente propuesta del Gobierno, se establece a partir de un acuerdo previo alcanzado durante la aprobación de la Ley de Vivienda, legislación que, recordó, contó con el respaldo de Sumar. Aclaró que esta bonificación ya está vigente y atribuyó la ausencia de su aplicación plena en todo el territorio a la postura del Partido Popular (PP), afirmando que el partido boicotea la implementación de la medida en algunas comunidades autónomas. En sus palabras, los ciudadanos de Madrid no pueden acceder a la bajada de precios del alquiler porque el PP, según la ministra, opta por torpedear la política del Gobierno central.

Europa Press consignó que Rodríguez reiteró la acusación al PP por obstaculizar la entrada en vigor de las bonificaciones fiscales, relacionando esa falta de aplicación con la persistencia de altos precios en mercados como el de la Comunidad de Madrid. Al referirse al Decreto ley remitido al Congreso para su aprobación, puso el énfasis en el esfuerzo del Gobierno por construir una mayoría parlamentaria amplia que permita limitar el fraude en los alquileres de temporada y de habitaciones, tema que ha sido objeto de debate tanto a nivel nacional como europeo.

La ministra de Vivienda rechazó abiertamente la confrontación con los socios de Sumar, tras la publicación de una carta firmada por los ministros de ese grupo en el diario ‘El País’. Argumentó que las diferencias con dirigentes de izquierda no constituyen su principal preocupación, remarcando que su prioridad pasa por defender el derecho a la vivienda y combatir la especulación. En este sentido, expresó: “Mis adversarios no están en la izquierda”; luego añadió que los actores con quienes debe confrontar son aquellos que promueven la compra masiva de barrios por parte de inversores extranjeros, defienden la construcción en zonas inundables tras fenómenos meteorológicos severos o continúan impulsando la privatización de vivienda protegida y la construcción en terrenos no urbanizables, citando el caso particular de las Islas Baleares.

Las críticas al Partido Popular estuvieron también presentes en la intervención de la ministra, quien calificó de insuficientes las propuestas recientes en materia de vivienda anunciadas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Según reportó Europa Press, Rodríguez identificó en estas políticas una vuelta al llamado “modelo del ladrillo” y lamentó que ningún planteamiento estuviera destinado a resolver la situación de las familias que arriendan su vivienda. Señaló que la estrategia anunciada por el PP de condicionar la financiación autonómica a un aumento en la construcción carece de especificidad respecto a las áreas donde desarrollar la edificación y al tipo de vivienda que se requiere, defendiendo la necesidad de expandir el parque público de vivienda como eje central de la política habitacional.

Durante la entrevista, Isabel Rodríguez abordó la cuestión del modelo de financiación autonómica, respaldando la propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque reconoció la complejidad del debate. Recordó que cualquier acuerdo sobre un nuevo sistema de financiación deberá pasar por el Congreso y responder a la diversidad expresada en la representación parlamentaria española, reiterando el papel fundamental del legislativo en la definición del modelo de recursos para las comunidades autónomas.

La ministra reiteró, según recogió Europa Press, que la acción del Gobierno en el ámbito del alquiler busca combinar estabilidad jurídica para los propietarios con la protección del acceso a la vivienda para inquilinos, utilizando fórmulas fiscales y medidas de control de precios. Reafirmó que las políticas actuales surgen de pactos legislativos previos y subrayó que la dificultad para aplicar algunas de ellas, como la bonificación del 100% del IRPF para propietarios, obedece a la falta de colaboración por parte de gobiernos autonómicos liderados por el PP.

En alusión a la regulación de alquileres turísticos, Rodríguez indicó que la ventanilla del registro único nacional constituye una herramienta relevante que, en colaboración con las autoridades europeas, contribuye a la reducción de la oferta ilegal de pisos turísticos. El descenso del 4% de este tipo de alojamientos en áreas turísticas se presenta como un dato de avance, según remarcó ante Europa Press, y refleja la orientación de las iniciativas recientes hacia la limitación de la especulación en el mercado residencial y la protección del entorno urbano frente a intereses ajenos a las necesidades de vivienda de la población residente.