Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, destacó que desde el 8 de enero se han producido asesinatos y represión de una gravedad y magnitud sin precedentes durante las protestas en Irán, en el marco de un extenso bloqueo de internet impuesto por las autoridades. Según lo publicado por distintos medios y recogido en un comunicado de Amnistía Internacional, la organización denunció ejecuciones masivas ilegítimas y acusó a las fuerzas de seguridad iraníes de incurrir en una "espiral de derramamiento de sangre e impunidad", solicitando una respuesta diplomática global que frene este escenario y ponga fin a la impunidad.
El medio publicó que los ministros de Exteriores del Grupo de los Siete (G7) advirtieron que podrían imponer nuevas sanciones a Irán si continúa la represión de las protestas y la disidencia, en clara referencia a la situación que ha dejado, según organizaciones defensoras de los derechos humanos, más de 3.400 personas muertas y miles de heridas tras el inicio de las manifestaciones hace más de dos semanas. Según el comunicado conjunto difundido por la diplomacia francesa y citado por la prensa internacional, los cancilleres de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido reiteraron su disposición a adoptar medidas restrictivas adicionales si las autoridades iraníes persisten en la violación del derecho internacional y de las obligaciones asumidas en esa materia.
El comunicado del G7 instó a las autoridades en Teherán a ejercer moderación, abstenerse del uso de la fuerza y proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía, como la libertad de expresión, la de información y el derecho a la reunión pacífica, todo ello sin represalias. Los representantes de los países miembros expresaron su profunda preocupación por la elevada cifra de víctimas mortales y heridos, y condenaron el empleo de la fuerza letal, las detenciones arbitrarias y las tácticas de intimidación contra manifestantes, según publicó el medio. Además, rechazaron la continuación y la intensificación de la represión sobre la población, que desde finales de diciembre de 2025 ha salido a expresar demandas por mejoras en la vida, así como por dignidad y libertad.
Amnistía Internacional, cuyas denuncias han cobrado relevancia en los reportes de prensa, señaló que existen pruebas creíbles sobre asesinatos y represión masiva cometidos bajo un bloqueo intencionado de internet, lo que busca ocultar los crímenes en curso. La organización pidió a los Estados miembros de la ONU que reconozcan la impunidad sistemática con la que actúan las fuerzas de seguridad en la represión de las movilizaciones, tanto actuales como anteriores, advirtiendo que esta falta de consecuencias fomenta la continuidad de los abusos de las autoridades iraníes, como consignó el medio.
La ONG exigió la adopción de medidas inmediatas y coordinadas que permitan detener un mayor derramamiento de sangre. Entre las sugerencias figura la convocatoria de sesiones especiales tanto en el Consejo de Derechos Humanos como en el Consejo de Seguridad de la ONU, y el establecimiento de mecanismos internacionales destinados a impulsar investigaciones y procesos judiciales contra los presuntos responsables de crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos.
El comunicado de Amnistía Internacional recopilado por distintos reportes subraya que la respuesta violenta a las protestas representa la fase represiva más letal registrada hasta el momento en la historia reciente de Irán. Según la organización, este episodio se caracteriza por el recurso deliberado a asesinatos masivos con el objetivo de silenciar las reivindicaciones populares por un cambio en el sistema de gobierno hacia uno que garantice derechos y dignidad.
De acuerdo con la información difundida por medios internacionales, la reacción de la comunidad internacional continúa siendo objeto de debate, mientras que grupos de derechos humanos insisten en la urgencia de la acción colectiva para enfrentar la represión y buscar justicia internacional. La situación en Irán sigue bajo observación de gobiernos y organismos multilaterales, con llamados reiterados a la contención y a la rendición de cuentas de las autoridades responsables.
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