Illinois demanda a la Administración Trump por el despliegue del ICE y alerta de un "flagrante abuso de poder"

El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, enfatizó el comportamiento de los agentes federales, al declarar que estos miembros de la Guardia Fronteriza y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han actuado como si fueran fuerzas de ocupación en vez de agentes encargados del mantenimiento del orden público. Según consignó el medio, Raoul denunció que los funcionarios federales interrogaron a residentes de Illinois de manera aleatoria, en ocasiones recurriendo a la violencia y sin respaldo legal en forma de órdenes judiciales ni indicios de delito. Esta declaración forma parte central de la demanda presentada por las autoridades de Illinois contra la Administración Trump, señalando una serie de violaciones a los derechos fundamentales en el contexto del despliegue masivo de agentes federales en el estado.

El medio recogió que el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, difundió un comunicado en el que calificó la conducta de los agentes federales como atemorizante y acusó a la Administración Trump de llevar a cabo acciones que, según su perspectiva, han generado escenas de terror en las comunidades de Illinois. Pritzker detalló que los agentes agredieron a residentes y vecinos, aterrorizando a la población, socavando derechos constitucionales y poniendo en riesgo la seguridad vecinal. Según explicó el gobernador en declaraciones recabadas por el medio, ante una postura que definió como cruel y amenazante por parte del Gobierno federal, el estado decidió acudir a la justicia para frenar lo que consideraron abusos y tácticas ilegales.

El fondo de la demanda, de acuerdo con los datos publicados por la misma fuente, radica en la percepción de que las operaciones del ICE representan una intromisión excesiva y arbitraria, carente de una justificación legal sólida. En palabras del propio Raoul, los agentes federales han practicado detenciones brutales tanto de ciudadanos como de personas sin ciudadanía, empleando armas químicas contra civiles y causando decenas de heridos, incluidos menores y ancianos. Estas cifras y descripciones subrayan la preocupación de las autoridades de Illinois respecto a los supuestos excesos cometidos por estos funcionarios durante sus intervenciones.

Juliana Stratton, vicegobernadora de Illinois, amplió estos argumentos sosteniendo que el objetivo de la demanda se centra en salvaguardar la integridad y la soberanía estatal. Según declaraciones recogidas por el medio, Stratton enfatizó que la gente tiene derecho a sentir seguridad tanto en sus viviendas como en sus barrios, y que la presencia de los agentes federales lo ha imposibilitado. Además, insistió en que las acciones emprendidas por el Estado buscan asegurar que el principio de legalidad rija de modo igual para toda persona, reiterando que nadie se sitúa por encima de la ley.

El artículo también señala que la iniciativa presentada en Illinois sigue una pauta previamente marcada por Minnesota, estado que interpuso una acción similar después del anuncio de un nuevo despliegue de mil agentes federales del ICE en su territorio, que se sumarían a los dos mil cien agentes ya presentes en la zona. Tal como mencionó el medio, este contexto de despliegues federales masivos ha coincidido con manifestaciones y protestas sociales acrecentadas tras la muerte de una mujer a manos de agentes policiales federales. El suceso tensó aún más la situación, elevando el tono de las denuncias por parte de responsables estatales y comunidades afectadas.

A pesar de las críticas y de las acciones legales iniciadas, el Gobierno federal respaldó sus propias actuaciones y, según reportó el medio, alegó que la persona fallecida estuvo implicada en lo que denominó como un acto de “terrorismo doméstico”. Desde la óptica federal, la decisión de reforzar la presencia y operativos del ICE responde a necesidades en materia de seguridad y aplicación de la ley, aunque los detalles puntuales sobre las operaciones y las pruebas que respalden las acusaciones federales no fueron consignados en el texto de referencia.

El medio también señala que la serie de acciones emprendidas por Illinois y otros estados como Minnesota responde a una preocupación creciente ante la percepción de que la llegada masiva y el accionar de los agentes del ICE aumentan la tensión social y la sensación de inseguridad, en vez de brindar protección a las comunidades. Las autoridades estatales insisten en la urgencia de controlar esos operativos, que, según el texto citado, consideran no solo injustificados sino potencialmente peligrosos para los habitantes.

La demanda y las declaraciones oficiales reflejan una fractura entre la política migratoria federal y la posición de los gobiernos estatales, que priorizan ofrecer garantías de seguridad y respeto a los derechos constitucionales de sus poblaciones. Según lo presentado por la fuente, el litigio que presenta Illinois constituye un nuevo episodio en el debate sobre los límites del poder federal y la protección de los derechos fundamentales en situaciones de intervención por parte de autoridades nacionales.