El PP rechaza los preacuerdos parciales de Sanidad sobre el Estatuto Marco y pide convocar a todos los implicados

La petición de los consejeros del Partido Popular (PP) para que en la negociación de la reforma del Estatuto Marco de Sanidad participen todos los sindicatos, incluida la representación médica, se suma a la crítica sobre el modo en que el Ministerio de Sanidad, bajo la dirección de Mónica García, ha gestionado este proceso. Según detalló el medio, los representantes autonómicos del PP han reaccionado a la reciente carta de la ministra, dirigida a las consejerías de salud para recabar opiniones respecto a las demandas del Comité de Huelga de los médicos, exigiendo una convocatoria más inclusiva y cuestionando los acuerdos alcanzados con algunos sindicatos por considerar que se ha excluido a parte clave de los interlocutores.

El medio informó que los consejeros del PP manifestaron su rechazo a los preacuerdos parciales entre el Ministerio de Sanidad y determinados sindicatos, argumentando que se ha dejado al margen tanto a otras agrupaciones sindicales como a los médicos. En su comunicado, solicitaron que el Ministerio reúna a todos los actores necesarios en la mesa de negociación para avanzar en la reforma normativa. Según publicó la fuente, los consejeros reclamaron un giro en la gestión ministerial y criticaron que, a su juicio, el proceso ha mostrado un sesgo partidista, lo que consideran inadecuado en un asunto que afecta de modo directo a los profesionales del sistema sanitario.

De acuerdo con los detalles difundidos, el PP también cuestionó que el Ministerio ahora pretenda atribuir la responsabilidad de la reforma del Estatuto Marco a las comunidades autónomas. A su entender, esta maniobra representa una estrategia de confrontación política que contrasta con la naturaleza cooperativa que debiera caracterizar la reforma. En ese sentido, los representantes populares señalaron que en distintas ocasiones solo han conocido los avances del proceso a través de los medios de comunicación o de publicaciones en redes sociales, antes de llegarles información oficial, lo que consideran prueba de la falta de coordinación institucional.

El medio consignó que entre las principales demandas del PP a la ministra Mónica García figura la exigencia de que las negociaciones cuenten no solo con las aportaciones de todos los sindicatos implicados, sino también con la participación de los Ministerios de Hacienda y de Función Pública. Estos departamentos se consideran necesarios a la hora de evaluar los efectos jurídicos, técnicos y económicos de cualquier modificación en el Estatuto Marco, memorias que, según recordaron los consejeros, ya han sido solicitadas en varias ocasiones sin que hasta el momento hayan sido recibidas.

En las declaraciones recogidas por el medio, los consejeros expresaron su malestar por entender que la carta enviada por García responde más a un interés de visibilización mediática que a la búsqueda de consensos institucionales. Resaltaron la premura con que el Ministerio comunicó el contenido del escrito y estimaron que la responsable de Sanidad intentó posicionar a las comunidades autónomas como responsables principales en la toma de decisiones, a pesar de que mantienen que muchos anuncios superaban los márgenes de las competencias de cada administración. En este punto, tildaron de incoherente la actitud de García, quien, después de anunciar propuestas que, según los consejeros, excedían las competencias del Estatuto, comenzó a mostrarse, en sus palabras, "escrupulosa" con estos límites en una etapa posterior del proceso.

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, intervino en la discusión y advirtió sobre los impactos negativos que puede tener esta incertidumbre en la estabilidad laboral de los profesionales del sistema de salud. “No se puede jugar así con la estabilidad y las condiciones laborales de los profesionales sanitarios”, reclamó al Ministerio según destacó el medio.

De igual modo, el PP centró parte de su posicionamiento en la cuestión de la financiación autonómica, aspecto que, a su juicio, resulta fundamental para que cualquier avance en el Estatuto Marco logre implementarse con garantías de viabilidad. En opinión de los consejeros citados por el medio, la reforma de la financiación debe adecuarse para responder a las futuras necesidades del sistema sanitario. En este contexto, los representantes del PP hicieron referencia a la política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusaron de priorizar acuerdos con fuerzas independentistas y de ligar cuestiones como la financiación especial para Cataluña a intereses políticos, lo que interpretan como un trato desigual que perjudica la sanidad pública en el conjunto del país.

Según reportó la fuente, las críticas del PP a la ministra de Sanidad señalaron la ausencia de rigor en el manejo del proceso de reforma, mencionando tanto la carencia de informes jurídicos y económicos oficiales como la exclusión de actores fundamentales del diálogo sectorial. El partido sostiene que la gestión de Mónica García ha fomentado enfrentamientos entre distintos colectivos y administraciones, además de haber introducido elementos de confrontación política que obstaculizan la búsqueda de soluciones compartidas.

Tal como publicó la fuente, los responsables de las áreas de salud del PP reiteraron su petición para reorientar el proceso, hacerlo más transparente, y mejorar la interlocución tanto con los profesionales sanitarios como con las diferentes instancias de gobierno involucradas en la configuración de la política sanitaria nacional.