Sánchez anuncia incentivos a caseros y medidas contra el "abuso" en alquiler de temporada y de habitaciones

La conversión de viviendas completas en arrendamientos por habitaciones ha surgido como una tendencia que el Gobierno identifica como motivo de preocupación, asociada a prácticas para incrementar ingresos por alquiler. Esta situación figura entre los pilares del próximo real decreto ley que ha anunciado Pedro Sánchez, y que, según indicó el propio presidente, contendrá medidas dirigidas a frenar diversas formas de abuso y especulación dentro del mercado de alquiler. De acuerdo con la información difundida por el medio, Sánchez detalló estas iniciativas durante una visita a los trabajos de demolición de edificios en el antiguo acuartelamiento de Campamento, en Madrid, donde avanzó que el futuro decreto contará con incentivos fiscales, reformas estrictas y un sistema sancionador para propietarios e intermediarios del sector.

Según informó el medio, la futura normativa incluirá una bonificación fiscal total en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los dueños de viviendas que decidan mantener los precios del alquiler al renovar sus contratos. Esta bonificación, que alcanzará el 100%, pretende compensar lo que los propietarios dejarían de ingresar si optan por no aumentar la renta al renovar con inquilinos actuales. "De esta manera ganamos todos", afirmó Sánchez, quien sostuvo que este incentivo busca beneficiar tanto a arrendadores como a arrendatarios, promoviendo la estabilidad en el acceso a la vivienda y desincentivando la especulación.

El presidente del Gobierno puntualizó que se trata de apoyar a quienes facilitan el acceso a una vivienda digna y que se impondrá un límite claro a las actividades especulativas. Anunció que el real decreto ley será sometido a la aprobación del Consejo de Ministros en las próximas semanas. Según consignó el medio, una de las áreas de intervención se focalizará en los contratos de temporada, modalidad a la que el Ejecutivo atribuye un "uso fraudulento evidente", según palabras de Sánchez. El Gobierno introducirá en la legislación condiciones específicas y más estrictas que delimiten cuándo un contrato puede ser considerado verdaderamente de temporada, así como la creación de un régimen sancionador para quienes eludan la regulación vigente sobre alquileres de corta duración en el ámbito estatal.

Sánchez sostuvo que el abuso de estos contratos de temporada obliga a inquilinos a renegociar y permanecer en una situación de incertidumbre, fenómeno que atribuyó principalmente a motivos especulativos. Según ha publicado el medio, el Ejecutivo justifica la intervención tras observar cómo esta proliferación de contratos de duración limitada complica la vida de los inquilinos y contribuye al incremento artificial de precios.

La tercera línea de actuación del decreto pondrá el foco, según reportó la fuente, en la protección de quienes alquilan habitaciones dentro de viviendas. El Ejecutivo ha comprobado que el alquiler de pisos completos por habitaciones se emplea como mecanismo para aumentar las rentas finales que perciben los propietarios, una práctica que desean limitar. De acuerdo con Sánchez, los nuevos contratos de arrendamiento por habitaciones deberán garantizar que la suma de las rentas por habitación no supere el precio que tendría el alquiler de la vivienda completa. Además, en las zonas declaradas como tensionadas se aplicarán los mismos controles de renta contemplados en la Ley de Vivienda.

Durante su intervención, Pedro Sánchez aseguró que la intervención se mantendrá en el mercado del alquiler y argumentó que existen actores que buscan lucrarse "a costa del sufrimiento de cientos de miles de familias". Detalló que el conjunto de las medidas aspira a favorecer a más de tres millones de hogares que dependen actualmente del alquiler, según estimaciones referidas por el medio.

Adicionalmente, el jefe del Ejecutivo confirmó que la estrategia del Gobierno contempla un aumento sostenido de la oferta de vivienda pública. Según detalló el medio, esto se llevará a cabo mediante la Empresa Estatal de Vivienda, Casa 47, y el despliegue de un nuevo Plan Estatal de Vivienda dotado con una inversión superior a 7.000 millones de euros. A través de este plan, el Ejecutivo confía en restituir el parque público de viviendas, uno de los compromisos asumidos para contrarrestar los desequilibrios en el acceso a la vivienda asequible.

La presentación de estas medidas coincidió con el inicio de la demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento, donde se prevé la construcción de 10.700 viviendas asequibles. El propio Sánchez intervino en la visita a las obras, reafirmando el compromiso del Gobierno de continuar aumentando el número de viviendas públicas mientras se mantienen activas las políticas para frenar la especulación y reforzar la protección a las personas que viven de alquiler, según publicó el medio.