Italia celebrará a finales de marzo un referéndum sobre la reforma judicial de Meloni

La recolección de firmas por parte de sectores opositores podría influir en la fecha fijada para realizar la consulta sobre la reforma del sistema judicial en Italia, ya que si la iniciativa logra reunir las 500.000 rúbricas necesarias, el asunto llegaría al Tribunal Constitucional antes de que pueda celebrarse el referéndum. Según informó El País, la decisión adoptada por el Consejo de Ministros establece como fechas previstas los días 22 y 23 de marzo, aunque la calendarización oficial aún depende de que el presidente Sergio Mattarella la publique por decreto en la Gaceta Oficial.

De acuerdo con la información de El País, el referéndum aborda la reforma promovida por el Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, proyecto que superó a finales de octubre de 2025 el último trámite parlamentario. Hasta el momento, Meloni había adelantado la posibilidad de consultar a la ciudadanía en marzo, pero fue el Consejo de Ministros el órgano que definió las fechas concretas, manteniéndose igualmente la condición de la publicación presidencial. El referéndum solo se pospondría si la iniciativa ciudadana destinada a impugnar la convocatoria ante el Constitucional logra su objetivo, situación que abrieron la oposición y los comités del 'no' al promover la campaña de firmas. Estos sectores exigen plazos más amplios para difundir sus posturas y desarrollar la campaña informativa.

La reforma judicial impulsada por el Ejecutivo de Meloni plantea, entre otras cuestiones, una delimitación más tajante entre las carreras de jueces y fiscales, modificando la estructura actual y estableciendo caminos profesionales separados. También propone que el Parlamento cobre mayor peso en la designación de los integrantes de los órganos de gobierno de la judicatura, lo que supondría una merma en la influencia de las principales corrientes ideológicas que históricamente han dominado estos procesos, según detalló El País. La nueva regulación incluiría además otras modificaciones destinadas a introducir cambios en el funcionamiento interno de la justicia.

El medio El País señaló que la fecha propuesta para la consulta resulta crucial porque establece el calendario para que tanto el Gobierno como la oposición organicen sus respectivas campañas dirigidas a la ciudadanía. Las voces críticas a la reforma, agrupadas en comités especializados y en partidos de la oposición, han presentado formalmente la solicitud para ampliar los plazos, sustentando su reclamo en la necesidad de informar suficientemente al electorado sobre el alcance y las consecuencias de los cambios propuestos.

Por otra parte, el proceso legislativo que llevó a la aprobación inicial del referéndum atravesó diversos debates en el Parlamento, finalizando apenas en octubre del año pasado, según consignó El País. Desde ese momento, la fecha de la consulta se mantuvo en suspenso hasta la resolución del Consejo de Ministros, que este lunes fijó el 22 y 23 de marzo como los días potencialmente señalados para la votación nacional, en tanto se complete el procedimiento legal restante.

El rol del presidente Sergio Mattarella en este proceso se limita a formalizar la convocatoria mediante la publicación del decreto correspondiente en la Gaceta Oficial, paso sin el cual la cita electoral no puede concretarse. La interposición de un recurso ante el Constitucional por medido de la campaña de firmas podría abrir un nuevo escenario, pues de prosperar la impugnación, la fecha de la consulta se modificaría para dar cabida a la resolución judicial.

Entre las características de la reforma debatida sobresale la separación de las trayectorias de jueces y fiscales, medida que trasciende los aspectos organizativos y alcanza la estructura interna del poder judicial. La nueva intervención parlamentaria en la elección de los miembros de los órganos de gobierno de la judicatura representa un cambio relevante con respecto al modelo vigente, en el que las diferentes tendencias internas han tenido un predominio considerable en estos procesos, tal como reportó El País.

Con la convocatoria pendiente de la publicación oficial y la posibilidad de intervención del Tribunal Constitucional en función de la campaña de firmas, tanto los promotores como los detractores de la reforma intensifican sus acciones de cara al referéndum, que definirá el futuro del sistema judicial italiano y el alcance de las modificaciones propuestas desde el Gobierno.