Montero dice que el sistema de financiación respeta la ordinalidad para Cataluña, pero no lo garantiza en otras CCAA

María Jesús Montero aclaró que el nuevo esquema autonómico asegura un reparto basado en ordinalidad para Cataluña, alineándose con lo expresado por Oriol Junqueras, aunque otras regiones no verán garantizado ese criterio debido a las especificidades del modelo

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Al abordar el nuevo esquema de financiación autonómica, María Jesús Montero aclaró que la aplicación del principio de ordinalidad no será uniforme en todo el Estado, debido a decisiones particulares que algunas comunidades autónomas han tomado dentro del modelo vigente. La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera detalló, según consignó el medio, que el diseño permite a las autonomías decidir si mantienen el actual volumen de recursos a través del llamado ‘statu quo’, lo que puede producir variaciones respecto a cómo se distribuyen las partidas y, por consecuencia, alterar el principio de ordinalidad entre territorios.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, Montero sostuvo en rueda de prensa que para Cataluña ese requisito sí queda garantizado. El modelo de reparto sigue los planteamientos defendidos por Oriol Junqueras —líder de Esquerra Republicana de Catalunya— respecto a que recibirán más aquellas regiones que más aportan, siempre en proporción a lo recaudado en el sistema común. Junqueras había expresado esta postura tras su encuentro con el presidente Pedro Sánchez, y la ministra confirmó que lo afirmado sobre Cataluña se ajusta al acuerdo que establece el nuevo sistema.

Tal como informó el medio de referencia, Montero explicó que “la construcción del modelo tiende al principio de ordinalidad, pero depende de cada comunidad autónoma que ese principio esté presente o no”. Precisó que el resultado de la relación entre los recursos aportados y recibidos “no es homogéneo” en todas y que la utilización del ‘statu quo’ —mecanismo activado por algunas regiones para mantener el nivel de financiación del que disponen actualmente— provoca que este principio no se aplique de modo general.

En la explicación ante los medios, la ministra hizo hincapié en que esta variabilidad entre comunidades tiene consecuencias concretas. Puso como ejemplo que la financiación por habitante ajustado en Cantabria es mayor que la de Madrid, aunque siguiendo el principio de ordinalidad debería ser al contrario, ya que Madrid aporta más recursos al sistema que Cantabria. Esta situación ilustra cómo el sistema, aunque diseñado para tender hacia la ordinalidad, se aparta de esa lógica en función de las especificidades y decisiones adoptadas por cada territorio.

El medio amplió que la declaración de Montero se produce después de que el líder independentista catalán hiciese pública la garantía de que Cataluña mantendría ese privilegio basado en una redistribución que beneficia a las regiones con mayores aportaciones. En contraste, otras comunidades autónomas verán la aplicación del principio limitada o condicionada por las decisiones que tomen respecto a su financiación y a si optan o no por incidir en la redistribución mediante instrumentos como el ‘statu quo’.

Según lo detallado, el nuevo modelo de financiación autonómica se propone así como un sistema flexible que incorpora criterios de ajuste a las circunstancias de cada comunidad. Esto supone que, para algunas regiones, los cambios pueden limitarse o matizarse, alterando el resultado final de cuánto reciben en relación con lo que contribuyen al fondo común. Las declaraciones oficiales indican que esto responde tanto a necesidades de estabilidad como a la voluntad de evitar perjuicios económicos en determinadas autonomías.

En suma, las palabras de la ministra reflejan una estructura diseñada para combinar el respeto al principio de aportación proporcional en el caso catalán con la posibilidad de excepciones y matices en el resto del mapa autonómico, ajustando el reparto a las prioridades y decisiones de cada gobierno regional, conforme a lo publicado por la fuente.