El ELN confirma estar detrás del secuestro de cinco policías en Tibú, en el noreste de Colombia

Cinco agentes fueron privados de libertad por un grupo armado en una zona estratégica de Norte de Santander, mientras sus captores aseguran que serán respetados sus derechos y anticipan futuras negociaciones condicionadas al actuar de las autoridades colombianas

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Las condiciones para la liberación de los cinco policías retenidos en Tibú estarán determinadas por la evolución de las acciones emprendidas por las fuerzas de seguridad, según informó el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través de un comunicado oficial difundido luego del secuestro. De acuerdo con información publicada por el medio que reportó el hecho, los policías permanecen en poder del grupo armado a la espera de que se definan los términos requeridos para ponerles en libertad, procesos que, según la guerrilla, dependerán directamente de la conducta de las autoridades colombianas en el transcurso de los próximos días.

Según publicó la fuente, el secuestro ocurrió el 6 de enero en el municipio de Tibú, ubicado en el departamento de Norte de Santander, una región considerada estratégica en el noreste de Colombia por la presencia de actores armados y las disputas en torno al control de rutas y territorios. El ELN, al atribuirse la autoría, informó que los agentes de policía fueron interceptados mientras se movilizaban en un vehículo del sistema de transporte público local, lo que permitió su retención sin un enfrentamiento armado, según lo consignado por el comunicado del propio grupo guerrillero.

De acuerdo con lo detallado en la declaración del ELN, la privación de libertad de los agentes constituye una respuesta a lo que el grupo denomina como “apoyo y protección” que la Policía local habría brindado al Frente 33, una facción conocida como disidencia de las FARC. Según el comunicado citado por el medio, dicho respaldo, que la guerrilla asocia a órdenes directas de instancias presidenciales, incluiría asistencia logística y operativa tanto del Ejército como de la Policía Nacional. “El apoyo logístico y operativo brindado por el Ejército y la Policía a la banda narcoparamilitar del Frente 33 en la región, los hace partícipes y cómplices de accionar criminal de los narcobandidos”, recoge el texto divulgado, argumentando que éste sería el motivo central que justifica la retención de los cinco uniformados.

El ELN informó a través del comunicado, según citó el medio de referencia, que los agentes secuestrados “se encuentran en buen estado de salud” y ha destacado que recibirán un “trato digno” dentro de las garantías de seguridad que el grupo asegura mantener con los retenidos. Esta afirmación pretende proyectar una imagen de respeto por la integridad de los policías, a la vez que descarta un posible maltrato en el corto plazo, contexto en el que el grupo armado anticipó que las condiciones para una eventual liberación se darán a conocer “en los próximos días”.

La captura de los policías ocurre en un territorio donde confluyen intereses de diversas organizaciones, escenario habitual de disputas entre grupos armados ilegales y fuerzas estatales. Tibú, y el departamento de Norte de Santander en general, ha sido históricamente escenario de conflictos por la presencia de cultivos ilícitos y rutas de narcotráfico, así como un enclave de importancia para la articulación de redes logísticas de los grupos armados, según han reportado medios nacionales e internacionales en incidentes anteriores. El secuestro de funcionarios públicos en este contexto reviste especial relevancia, dado el impacto que este tipo de acciones puede tener sobre los procesos de diálogo o negociación que regularmente se desarrollan entre el gobierno colombiano y diversos actores armados.

Respecto a la liberación, el ELN ha condicionado cualquier avance en este sentido a la ausencia de intervenciones militares o policiales dirigidas a rescatar a los retenidos. Según aseguró la organización en su declaración difundida por el medio, cualquier intento de operación por parte del Estado para recuperar a los policías sin negociación previa podría modificar los términos para su entrega, lo que sitúa la continuidad y la seguridad de los secuestrados en un escenario de incertidumbre ligado al comportamiento de las fuerzas de seguridad oficiales.

En el comunicado citado por la fuente, la guerrilla no especificó plazos concretos ni detalles adicionales sobre las condiciones requeridas para la liberación de los policías, reiterando en cambio que la próxima comunicación pública proveerá información puntual sobre los criterios y el calendario para la posible puesta en libertad. El ELN también reiteró que su decisión responde a intereses de carácter político y estratégico relacionados con la dinámica local en Tibú y la relación entre la fuerza pública y actores armados ilegales en la región, según lo expresado en el mismo mensaje.

De acuerdo con antecedentes recogidos por medios como la agencia fuente de la noticia, los secuestros cometidos por grupos armados en la zona suelen estar vinculados a presiones por parte de estos actores para forzar negociaciones o lograr concesiones en el ámbito militar o político. El hecho de que el ELN haya explicitado la exigencia de un trato específico a los retenidos y la dependencia de la liberación respecto a la actuación de la fuerza pública se inscribe en esta lógica de escalada y desescalada calculada, con impacto tanto local como nacional.

El grupo guerrillero aprovechó el comunicado para denunciar lo que califica como una connivencia sistemática entre autoridades estatales y actores calificados como “narcoparamilitares”, señalamiento recurrente en las argumentaciones públicas del ELN frente a sus acciones contra fuerzas armadas o policiales. Aludiendo explícitamente al Frente 33, el pronunciamiento reforzó la acusación de que la Policía de Tibú habría ofrecido protección y colaboración a dicho grupo en actividades ilícitas, hecho no confirmado oficialmente por autoridades del Estado.

La eventual publicación de los términos para la liberación de los policías se ha convertido en un asunto de interés público, dada la preocupación por la situación de seguridad regional y los procesos de diálogo entre el gobierno colombiano y los grupos armados presentes en el territorio. El desarrollo de las próximas jornadas estará marcado por la expectativa de pronunciamientos oficiales y, eventualmente, el anuncio de condiciones, tal como anticipó el ELN en sus declaraciones difundidas por la fuente informativa.