La Fiscalía de París pide 15 años de cárcel contra un presunto cómplice franco-ruandés del genocidio de Ruanda

El proceso judicial contra Claude Muhayimana ha incorporado nuevos elementos, incluyendo la imputación por su supuesta participación en la masacre de la escuela de Niamyshaba, un lugar donde fueron asesinadas miles de personas tutsis durante el exterminio de 1994 en Ruanda. La inserción de estos nuevos cargos, junto con declaraciones recientes de testigos, ha llevado al Ministerio Público en Francia a endurecer su postura respecto a la condena solicitada. Según informó Radio France Internationale, un tribunal penal en París recibió la petición de una sentencia de 15 años de cárcel para el franco-ruandés de 65 años, incrementando la solicitud en un año respecto a la pena impuesta en la primera instancia.

El proceso de apelación responde tanto a la impugnación presentada por la defensa de Muhayimana como a la de la Fiscalía, en lo que representa una continuidad tras la sentencia de 14 años dictada en diciembre de 2021 por presunta complicidad en genocidio y en crímenes de lesa humanidad durante el genocidio de Ruanda. De acuerdo con información recogida por Radio France Internationale, el fiscal francés argumentó la necesidad de elevar la condena considerando los testimonios de testigos que aseguran que Muhayimana manejaba vehículos para trasladar a integrantes de la milicia Interahamwe en las zonas de Kibuye y Bisesero, ubicadas en la periferia del lago Kivu. Los testigos colocan al acusado como conductor de convoyes que facilitaban desplazamientos de los perpetradores de masacres en estas regiones.

Frente a las acusaciones, Muhayimana ha negado reiteradamente haber estado presente en los lugares y fechas indicados durante los hechos analizados por el tribunal. A pesar de su negativa, el representante del Ministerio Público cuestionó, según difundió Radio France Internationale, cuál habría sido la reacción del acusado ante una eventual coacción: “¿Intentó Claude Muhayimana retrasar la salida de los convoyes, fingir una crisis nerviosa o simplemente huir de Kibuye para distanciarse de los asesinatos perpetrados ante sus propios ojos?”, preguntó el fiscal en su alegato, concluyendo que no lo hizo y que más bien regresó y continuó cumpliendo su supuesta función como cómplice durante los días siguientes.

Según destacó la emisora, el proceso en curso no solo incluye los hechos ya juzgados, sino que incorpora acusaciones adicionales como la de la escuela de Niamyshaba, ampliando así el alcance de los cargos contra Muhayimana. Las partes civiles vinculadas al juicio han considerado insuficiente la solicitud inicial de la Fiscalía y han insistido en la gravedad de los sucesos, recordando la magnitud de la masacre perpetrada en Ruanda entre abril y julio de 1994. En ese periodo, cerca de 800.000 personas, en su mayoría tutsis así como hutus moderados, resultaron asesinadas por milicias extremistas hutu. El ataque sistemático no se limitó al asesinato deliberado, sino que incluyó violencia sexual masiva, con entre 150.000 y 250.000 mujeres violadas durante cien días de exterminio, según consignó el medio.

El papel de la comunidad internacional ha sido objeto de críticas, dado el grado de inacción reportado mientras se perpetraban las atrocidades. En este contexto, el juicio en Francia busca dilucidar la responsabilidad de ciudadanos o residentes franceses en los hechos de 1994, una iniciativa que responde a demandas históricas de justicia por parte de sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos.

Muhayimana enfrenta el proceso judicial bajo el cargo de complicidad, especialmente por su supuesto rol como conductor de vehículos que trasladaron a miembros del grupo armado Interahamwe, facilitando así la ejecución de matanzas en colinas aledañas al lago Kivu y en emplazamientos como la mencionada escuela. Los fiscales argumentan que su comportamiento no puede justificarse por coacción, dado que habría continuado con las acciones después de los hechos iniciales, en lugar de distanciarse de los crímenes.

El nuevo juicio representa otra etapa dentro de los esfuerzos internacionales para responsabilizar a individuos señalados por participar en el genocidio ruandés, proceso que sigue generando atención en Francia por el hecho de que muchos sospechosos residen a día de hoy en ese país, protegidos por lagunas legales o procedimientos judiciales extensos, según el seguimiento realizado por Radio France Internationale.

Mientras se aguarda la conclusión del juicio de apelación, el caso contra Muhayimana se integra al escrutinio sobre la rendición de cuentas de actores extranjeros en episodios de graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en África en la década de los noventa y la respuesta judicial francesa frente a tales crímenes.