COAG cree que acuerdo con Mercosur será la "puntilla" para un sector que ha sido usado como "moneda de cambio"

El secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Padilla, advirtió que la firma del tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur abrirá la puerta a una reconfiguración de las explotaciones agrícolas y ganaderas en Europa y puso en duda la seguridad alimentaria comunitaria. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Padilla expresó preocupación por las consecuencias de un acuerdo que, según su visión, ignora las demandas presentadas por el sector primario tanto en España como en las instancias europeas.

Según informó el medio Europa Press, los representantes de los 27 Estados miembros dieron este viernes su visto bueno mayoritario a la firma del tratado de libre comercio con los países de Mercosur —Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay—, después de que se adoptaran salvaguardias agrícolas negociadas en diciembre para intentar reforzar las barreras de protección del sector agroalimentario europeo. Este visto bueno se produjo en una reunión de embajadores en Bruselas y se formalizará en las horas siguientes por medio de un procedimiento escrito. La formalización del mandato facilitará que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, procedan con la firma del acuerdo de asociación y libre comercio.

Tal como detalló Europa Press, la entrada en vigor de la parte comercial del tratado se producirá de forma inmediata y provisional, hasta que el proceso de ratificación por parte de ambas regiones y parlamentos nacionales, incluido el Europeo, esté finalizado. El Parlamento Europeo tendrá facultad para aprobar o rechazar el acuerdo completo, sin posibilidad de proponer modificaciones parciales.

Padilla consideró que el acuerdo pondrá en desventaja al sector primario europeo, ya que facilitará la llegada de productos —especialmente de carne, remolacha, miel y cítricos, entre otros— que compiten en desigualdad de condiciones respecto a los estándares de producción y los costos dentro de la Unión Europea. El dirigente alertó que la diferencia en exigencias regulatorias y costos tornará “imposible competir” y que la seguridad alimentaria comunitaria podría encontrarse comprometida por el incremento de importaciones.

De acuerdo con Padilla, citado por Europa Press, los agricultores y ganaderos europeos han sido “usados como moneda de cambio” durante las negociaciones, mientras “otros intereses que nada tienen que ver con nuestra actividad, como los del sector automovilístico,” han recibido prioridad en los intercambios. El secretario general de COAG manifestó su descontento con la actuación del Gobierno de España, que, pese a su peso en la producción agrícola y ganadera europea, se posicionó como uno de los principales impulsores del tratado, amparándose en la existencia de cláusulas de salvaguardia para justificar su apoyo.

El medio Europa Press explicó que el pacto incluye un sistema de salvaguardias agrícolas para proteger al campo europeo en sectores considerados sensibles, como las aves de corral, la carne de vacuno, los huevos, los cítricos y el azúcar. Este marco fijado permite actuar cuando las importaciones de productos definidos como sensibles se incrementen en un 5% y los precios desciendan en el mismo porcentaje en un lapso de tres años. Inicialmente, se preveía que las medidas se activarían en un umbral del 8%, aunque la presión de Italia llevó a reducirlo al 5%, como defendió la Eurocámara.

Europa Press detalló que el acuerdo sobre salvaguardias todavía requiere la formalización por parte del Parlamento Europeo y del Consejo para entrar efectivamente en vigor. El respaldo de Italia resultó determinante en la aprobación final, ya que hasta la última sesión mantenía reservas junto a Francia y Hungría, naciones que expresaron su rechazo al tratado con Mercosur y solicitaron medidas adicionales para proteger a los agricultores.

Según relató Europa Press, el proceso de negociación del acuerdo se extendió durante dos décadas e incluyó intensas demandas internas de países agrícolas importantes en la Unión Europea. Ya en diciembre de 2024, Francia e Italia retrasaron la firma final solicitando nuevas garantías y mecanismos de apoyo específicos para el sector primario.

Miguel Padilla criticó que, pese a años de reivindicaciones y protestas desarrolladas tanto en territorio español como en Bruselas, las exigencias de los agricultores no fueron tomadas en cuenta en la redacción final del tratado. “No somos importantes, pero que no nos engañen”, declaró el secretario general de COAG en una intervención recogida por Europa Press.

El tratado comercial UE-Mercosur, ya en su fase de firma tras el acuerdo político logrado entre la Comisión Europea y los Estados miembro, prevé un paquete de medidas de respuesta rápida para “distorsiones graves” en el mercado. La Comisión Europea podrá iniciar investigaciones y activar medidas correctoras si detecta que los productos agrícolas sensibles superan los umbrales de importación fijados y provocan una caída de precios proporcional. De acuerdo con lo estipulado, el límite se establece en una media del 5% durante tres años consecutivos, en vez del 8% anterior, lo que supone un endurecimiento de las salvaguardias tras la presión de sectores críticos y gobiernos como el de Italia.

El acuerdo permitirá la llegada inmediata al mercado europeo de mercancías procedentes de los Estados del Mercosur, en particular de aquellos productos que generan mayor preocupación en el sector primario europeo. Tanto COAG como representantes sindicales y asociativos han reiterado, durante la negociación, su preocupación por la incapacidad de competir en igualdad de condiciones, y la falta de atención a las demandas expuestas por los agricultores y ganaderos del bloque comunitario.

Por otra parte, Europa Press consignó que la firma del tratado ocurre poco después de que, a finales de 2024, la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo anunciaran el cierre de las negociaciones, pero sin poder formalizar el pacto entonces debido a la oposición de los gobiernos de Francia e Italia. Estas naciones argumentaron la necesidad de reforzar las protecciones y apoyar a los sectores más afectados, postura que durante meses condicionó la agenda de ratificación.

El Parlamento Europeo tendrá la responsabilidad de avalar o rechazar la ratificación sin margen de enmiendas al texto pactado. Hasta entonces, la aplicación del tratado será provisional, en tanto finalizan los procedimientos legales. Las partes interesadas dentro de la UE y Mercosur permanecen a la espera del desenlace de los debates parlamentarios, tanto en Bruselas como en los Estados miembro, que deben dar su respaldo final para completar el proceso de ratificación y consolidar el marco comercial entre ambas regiones.