
En las visitas oficiales a la Santa Sede, los representantes del Gobierno español recogieron la impresión de que el Vaticano mantenía un interés particular en la creación de un plan conjunto entre el Estado y la Iglesia para abordar la reparación a las víctimas de abusos sexuales. Félix Bolaños, Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, detalló en una entrevista con la Cadena Ser, citada por Europa Press, que este impulso vaticano resultó determinante para alcanzar el reciente acuerdo con la Conferencia Episcopal Española sobre compensaciones a afectados por estos delitos. No obstante, el ministro subrayó que la actitud dentro de la jerarquía eclesiástica española resulta desigual, detectando un entusiasmo limitado por parte de algunos obispos ante el pacto realizado con el Ejecutivo.
Según publicó Europa Press, Bolaños reveló que la Santa Sede, tanto bajo el papado anterior como el actual, impulsa desde hace años la adopción de medidas frente a los abusos en todo el mundo, decisión concretada, entre otras iniciativas, en la creación de una comisión Pontificia, a fin de asegurar la toma de decisiones y la implantación de medidas en todas las diócesis. El ministro consideró que, aunque la Conferencia Episcopal en España ha formalizado el acuerdo, el respaldo por parte de todos los obispos no ha sido igual de firme. “Tengo la sensación de que el entusiasmo en algunos obispos en España no es máximo por este acuerdo”, expresó en sus declaraciones reproducidas por el mencionado medio.
El acuerdo implica la introducción de normas y baremos que, según Bolaños, suponen una modificación de enfoque en la Iglesia española, al comprometerla con mecanismos que supervisan y tutelan el proceso reparador desde el Estado. Europa Press reportó que, de esta manera, si alguna diócesis o algún prelado muestra un menor grado de colaboración, la presencia estatal garantiza que todas las víctimas reciban los mismos derechos y que no exista disparidad de trato en el territorio nacional. “El Estado estará encima para que las víctimas de este territorio también tengan los mismos derechos, que haya igualdad entre todas las que han sufrido el delito en cualquier momento”, explicó el titular de Justicia y Relaciones con las Cortes.
Respecto a la operatividad de este mecanismo de compensación, Bolaños indicó, según recogió Europa Press, que la figura del Defensor del Pueblo tendrá un papel decisivo en la evaluación de los casos. Las víctimas podrán acceder a diferentes soluciones en función de la gravedad y particularidades de cada situación. El ministro ejemplificó que algunos casos podrán resolverse con intervención psicológica de corta duración y bajo coste, mientras otros implicarán respuestas más complejas debido a daños prolongados, como situaciones en las que los afectados nietan recuperarse plenamente. El proceso contempla que, en los casos donde no exista acuerdo entre víctima e Iglesia, la disputa se eleve a una comisión mixta con representación del Estado, la Iglesia, las víctimas y sus asociaciones. Si tampoco se resuelve así, la última decisión estará en manos del Defensor del Pueblo, siendo esta resolución definitiva. Esta disposición, enfatizó Bolaños, busca asegurar máxima equidad y justicia a todas las víctimas.
Según informó Europa Press, Bolaños insistió en que el Ejecutivo no restringirá los recursos destinados al funcionamiento de estos procedimientos. El objetivo señalado en sus declaraciones públicas consiste en que el proceso opere de modo ágil y garantice que la reparación se materialice bajo criterios de justicia para quienes han padecido estos delitos. “No se va a escatimar en recursos para que este sistema de reparación a las víctimas de abusos pueda funcionar con agilidad y con justicia, porque es lo que se está haciendo, justicia”, remarcó el ministro durante la entrevista.
Finalmente, en el ámbito político, el ministro abordó la postura de la Iglesia católica sobre la coyuntura actual en España. El medio Europa Press citó las declaraciones de Bolaños respecto a las afirmaciones del presidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo Luis Argüello, quien en recientes intervenciones públicas planteó la necesidad de que se considere una moción de censura o una convocatoria electoral ante la situación política. Bolaños manifestó que el papel de la Iglesia debería orientarse a mantener neutralidad, dado que la comunidad católica agrupa a personas con simpatías hacia todas las corrientes políticas. Expresó, asimismo, una diferencia de fondo con la Conferencia Episcopal en este aspecto, aunque valoró la disposición de la Iglesia y el Gobierno para alcanzar consensos en la reparación a las víctimas. En lo relativo al pronunciamiento de Argüello, Bolaños expresó que, bajo su percepción, el prelado estaba incorporando el discurso de sectores afines a la derecha y la ultraderecha.
A lo largo de sus intervenciones, reportadas por Europa Press, Bolaños reiteró el compromiso estatal de intervenir y supervisar el proceso, subrayando que el Estado español velará para que ninguna víctima quede sin protección ni reparación, independientemente de la actitud de diócesis o responsables eclesiásticos individuales. El mecanismo creado, afirmó, busca impedir que la respuesta ante los abusos sexuales dependa de decisiones o de la voluntad de obispos concretos, garantizando igualdad de trato para todos los afectados a nivel nacional.
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