COAG pide "transparencia" en los 45.000 millones anunciados por Bruselas y reitera su oposición a Mercosur

Miguel Padilla, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), afirmó que “la expulsión del mercado por la competencia desleal de las importaciones sin control de los países de Mercosur no se evita con dinero”, en referencia directa al reciente anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre un adelanto de 45.000 millones de euros en el marco de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034. Tal como reportó el medio proporcionado, COAG sostiene que este monto, difundido en vísperas de la reunión extraordinaria de ministros de Agricultura de la Unión Europea y durante el proceso para la firma del tratado de libre comercio UE-Mercosur, requiere de total claridad sobre su origen y condiciones reales antes de ser aceptado por el sector agrario europeo.

Según comunicó COAG, la organización valora el anuncio de Bruselas con “profundo escepticismo” y exige “transparencia” absoluta acerca de dónde proceden estos recursos. De acuerdo con lo publicado, los agricultores y ganaderos consideran urgente que Von der Leyen comunique de manera clara y honesta el modo en que estos fondos serían destinados. COAG resalta que los productores europeos no esperan promesas sin base, sino compromisos concretos, verificables y sinceros acerca del futuro de la PAC. Advierten que sería inaceptable emplear la cuantía anticipada como justificación para respaldar la inminente firma del pacto comercial con Mercosur.

La organización alerta que el anuncio, realizado justo antes de encuentros institucionales importantes y en pleno avance de las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur, podría estar orientado a calmar las protestas de los agricultores del continente. COAG señala que el acuerdo de libre comercio supondría una amenaza evidente para la viabilidad de miles de explotaciones agrarias y ganaderas europeas, en especial por la entrada de productos agroalimentarios de países con normativas más laxas en términos de controles, calidad y sostenibilidad. Según el medio citado, “la Comisión Europea no puede cambiar vacas por coches y llamarlo progreso. No pueden sacrificar al ganadero de Salamanca o Asturias para que Volkswagen venda más en Buenos Aires”, expuso Padilla al criticar las líneas generales de la negociación.

Por ello, COAG sostiene que el sector rural resulta perjudicado al usarse como moneda de intercambio en un proceso que consideran no responde a criterios de política comercial equilibrada, sino a intereses empresariales de las grandes industrias multinacionales. En sus declaraciones, el secretario general apuntó: “Esto no es política comercial, esto es un intercambio de cromos donde los agricultores y ganaderos europeos somos la moneda de cambio. Y lo que es peor: lo disfrazan de modernidad, de libre comercio, de oportunidad. Pero la realidad es que están vendiendo nuestro futuro a cambio de cuenta de resultados de las multinacionales. Y eso tiene un nombre: traición”, según recogió el medio.

La advertencia de la organización se centra, según el texto original, en el impacto negativo del acuerdo UE-Mercosur sobre el modelo productivo europeo. COAG alerta que el sistema agrícola y ganadero de la Unión Europea se fundamenta en la sostenibilidad, el bienestar animal, la calidad y la seguridad alimentaria, principios que, sostiene, quedarían comprometidos por el acceso de importaciones sin supervisión equivalente. El colectivo agrario subraya que los fondos anunciados para el periodo 2028-2034 resultan insuficientes e incompatibles con las amenazas que perciben para la supervivencia del sector, pues no evitarán, a su parecer, la destrucción del tejido rural europeo.

COAG, según detalló el medio, mantiene su oposición íntegra y pública a la posible ratificación del tratado de libre comercio con Mercosur y reclama a los Ejecutivos nacionales, sobre todo al gobierno español, que impidan la aprobación final de un acuerdo que describen como perjudicial y contrario a los intereses de la agricultura y ganadería europeas. La organización reclama a los dirigentes europeos el fin de lo que denominan “la ceremonia de la confusión”, exigiendo que se revelen los detalles exactos del origen y destino de los 45.000 millones de euros comprometidos, para evitar que se utilicen como argumento político orientado a suavizar el descontento existente entre los productores a las puertas de un cambio estructural en el comercio internacional agroalimentario.

El debate sobre la utilidad, naturaleza y trasfondo de los fondos anunciados por la Comisión Europea queda así estrechamente vinculado —según la información consignada— al contexto de las negociaciones internacionales y al futuro del modelo agrícola de la Unión Europea, marcado por la tensión entre el apoyo institucional y las demandas de transparencia y compromiso real del sector primario.