Desde la creación del sistema de indemnización por cese para exparlamentarios, un total de 855 miembros de ambas cámaras han solicitado este tipo de ayuda económica, informó Europa Press citando datos del Congreso. Entre ellos, 507 fueron diputados —con 375 solicitudes aceptadas— y 348 senadores. El mecanismo establece que quienes lo soliciten puedan recibir el pago mensual hasta un máximo de dos años, siempre que no dispongan de ningún otro ingreso público o privado. La noticia principal surge tras la confirmación de que Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, ha dejado de recibir estos pagos, los cuales le permitieron percibir cerca de 19.000 euros a lo largo de seis meses, mayoría de los cuales correspondieron al tiempo en que permaneció en prisión.
De acuerdo con la información divulgada por Europa Press, el Congreso completó el pago de la indemnización por cese a Cerdán, derecho reconocido de acuerdo a la legislación vigente para exparlamentarios sin otras fuentes de ingreso legalmente autorizadas. Cerdán finalizó su etapa como diputado el 16 de junio y fue ingresado en prisión preventiva solo dos semanas después, sumando así su nombre a una trama judicial referida al presunto cobro de comisiones ilícitas relacionadas con contratos de obra pública. Las autoridades penitenciarias lo mantuvieron en prisión hasta noviembre, y durante ese tiempo continuó recibiendo la compensación mensual.
Según consignó Europa Press, la Mesa del Congreso aprobó el pago a Cerdán el 11 de julio, fecha en la que el exdirigente del PSOE ya se encontraba en la prisión de Soto del Real. El abono correspondió a seis mensualidades, de manera que diciembre fue el mes final en el que el exdiputado ingresó esta indemnización, acorde a las declaraciones de fuentes parlamentarias consultadas por el medio. Este procedimiento se enmarca en el régimen de garantías para representantes electos, cuyo fin es proporcionar estabilidad económica a quienes hayan cumplido ciertos requisitos: haber ocupado un escaño al menos dos años y no percibir ningún otro ingreso, ya sea público o privado.
El caso de Cerdán generó controversia política, dado que el Partido Popular solicitó que el Congreso suspendiera estos pagos argumentando que el exdiputado habría ocultado su participación desde 2016 en la empresa Servinabar, lo que a juicio del partido constituiría una infracción en materia de incompatibilidades y declaración de bienes y actividades. Servinabar figura entre las sociedades sospechosas de haber recibido adjudicaciones irregulares en el entramado por el cual también se investiga al antiguo asesor ministerial Koldo García y al exministro José Luis Ábalos, ambos implicados en la causa y, en el caso de Ábalos, recluido bajo régimen de prisión preventiva. Aunque mantiene el escaño, Ábalos tiene suspendidos sus derechos de diputado y no recibe remuneración de la Cámara.
Europa Press detalló que la Mesa del Congreso, dominada por la mayoría conformada por PSOE y Sumar, rechazó la petición del PP. Esta decisión se apoyó en un informe jurídico elaborado por los servicios legales de la Cámara, los cuales dictaminaron que la indemnización constituye un derecho, no una concesión discrecional, y que debía otorgarse si se reunían los requisitos previstos en el reglamento. Tras la verificación por parte de la Secretaría General del Congreso de que Cerdán cumplía con los criterios —incluidas las condiciones de duración en el escaño y ausencia de ingresos adicionales—, se procedió a autorizar el pago.
La normativa exige que los beneficiarios informen a la Cámara Baja si su situación económica varía al recibir un salario, dieta o pensión, momento en el cual cesa el cobro del finiquito. Tras los pagos a Cerdán, no queda ningún exparlamentario cobrando en la actualidad esta indemnización, según los datos actualizados por el Congreso y difundidos por Europa Press. Antes de Cerdán, el último beneficiario de esta ayuda mensual había sido Íñigo Errejón, quien dejó su escaño por Sumar en octubre de 2024 después de hacerse públicas diversas acusaciones sobre supuestos comportamientos inapropiados y recibió su último ingreso correspondiente en junio.
De acuerdo con el desglose proporcionado, el sistema de indemnizaciones busca garantizar un periodo de transición financiera para quienes abandonan sus responsabilidades en las cámaras legislativas, siempre regulado por mecanismos de control que obligan a notificar cambios en la situación patrimonial o profesional. El caso de Cerdán reabre el debate sobre la aplicación y los límites de estos derechos, así como sobre la transparencia y el control en las declaraciones de actividades y bienes de los representantes públicos, aspectos que seguirán en discusión en el ámbito parlamentario según las fuentes citadas por Europa Press.
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