
A pesar de que organizaciones no gubernamentales como Justicia, Encuentro y Perdón, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLPP) han informado sobre la excarcelación de entre 60 y 75 personas, cifras contrastadas por Foro Penal señalan que todavía hay 902 personas privadas de libertad catalogadas como presos políticos en Venezuela y 62 se mantienen bajo desaparición forzada. En ese contexto, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario informó el jueves que 99 ciudadanos fueron liberados tras haber sido detenidos en el marco de “hechos de violencia e incitación al odio” después de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024.
De acuerdo con el comunicado oficial publicado por el Ministerio en su cuenta de Instagram, la decisión de excarcelar a este grupo de personas obedece a un proceso de evaluación detallado realizado por el Gobierno y el sistema judicial, donde se revisó cada caso para considerar la aplicación de medidas cautelares conforme a la legislación venezolana. Según el parte institucional, la liberación pretende demostrar el compromiso del Estado con la paz interna, el diálogo y la garantía de la justicia.
El medio consignó que las personas ahora puestas en libertad habían sido arrestadas por su presunta participación en acontecimientos catalogados como violencia y promoción del odio, eventos que tuvieron lugar inmediatamente después de los comicios presidenciales en los que resultó reelegido Nicolás Maduro. Estas elecciones han estado marcadas por denuncias de fraude presentadas tanto por sectores de la oposición como por varios actores internacionales.
Según detalló el Ministerio, la medida busca completar la gestión permanente del presidente venezolano para garantizar, en forma indiscriminada, el respeto de los derechos humanos en el país. El organismo gubernamental agregó que la excarcelación alcanza también a personas que, al considerar el comunicado, resultaron víctimas de manipulación política y mediática, lo que las habría llevado a “atentar contra la soberanía, la estabilidad institucional y la convivencia pacífica”.
Tal como consignó el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, la acción de excarcelar a los 99 detenidos se produce mientras Venezuela se enfrenta a un escenario internacional que han calificado como de “asedio imperialista” y “agresiones multilaterales”. En su declaración, el Ministerio hizo referencia a tensiones derivadas de la política exterior de la Administración de Donald Trump, incluyendo incidentes como ataques a supuestas embarcaciones involucradas en tráfico de drogas (“narcolanchas”), declaraciones sobre intenciones de una futura intervención en territorio venezolano y la interceptación de petroleros sancionados en las aguas del país.
La autoridad penitenciaria aseguró que a pesar de las presiones externas, el Gobierno venezolano mantiene su compromiso de asegurar un trato adecuado, legal y con atención integral para quienes han estado privados de libertad. Además, reiteró que el llamado Gobierno Bolivariano persistirá en las labores orientadas a sostener la paz, la justicia y la protección de la soberanía, subrayando su postura ante los cuestionamientos internacionales y las acciones opositoras tras los comicios.
Según detalló el medio, Caracas emitió el anuncio oficial luego de que varios grupos de derechos humanos comunicaran cifras de excarcelaciones por debajo de las reportadas oficialmente por el Ministerio, en un contexto donde la legitimidad del proceso electoral sigue siendo controvertida a nivel nacional e internacional. Las discrepancias entre lo informado por el Gobierno y lo consignado por ONG como Foro Penal, que mantiene un recuento actualizado de personas detenidas y desaparecidas por motivos políticos, reflejan la persistencia del debate y la tensión política posterior a las elecciones presidenciales.
La liberación, de acuerdo con el comunicado citado por el Ministerio, es presentada como una manifestación concreta de una política estatal orientada a abordar la conflictividad política y social que siguió a la jornada electoral, la cual derivó en manifestaciones y detenciones masivas. El Gobierno afirma que la revisión pormenorizada de los casos resultó en otorgamientos de medidas cautelares en los términos permitidos por el marco legal vigente.
Informó el Ministerio que esta medida forma parte de una política integral articulada por el Ejecutivo, concebida para enfrentar la situación interna bajo el impacto de presiones internacionales y acciones de sectores políticos internos. El Estado venezolano sostiene que su sistema de justicia ofrece garantías y respeto a la legalidad, intentando así dar respuesta a sectores que han advertido sobre supuestas vulneraciones de derechos y libertades fundamentales.
De acuerdo con el balance elaborado por Foro Penal, reportado por varios medios, el número total de presos por motivos políticos en Venezuela sigue siendo elevado y la condición de desaparición forzada de varias decenas de personas mantiene inquietud entre familiares y organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos. El Ministerio, en su mensaje, enfatizó la vigencia de una política penitenciaria que busca conjugar la seguridad, el respeto a las garantías individuales y el llamado a la normalización de la convivencia en el país, aún en medio de la compleja coyuntura postelectoral.
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