Las ONG ecologistas ven "pocos avances" medioambientales en 2025, pero mucha movilización social

Las más de 350.000 hectáreas afectadas por los incendios registrados en agosto situaron al 2025 como el año de mayor impacto de estos desastres en España desde al menos 1994, un hecho que ha impulsado la creación y seguimiento del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. Según consignó Europa Press, las organizaciones ecologistas han subrayado que, aunque las políticas ambientales no han mostrado avances destacados durante el año, la participación ciudadana en las cuestiones climáticas y medioambientales ha experimentado un salto considerable.

Representantes de las principales ONG del sector transmitieron a Europa Press su percepción de “escasos logros” en términos de políticas ambientales, en contraste con la intensidad de la movilización social observada en 2025. Además, señalaron una “ola de desregulación” normativa impulsada por la Unión Europea, situación que consideran alarmante por el debilitamiento de marcos legales de protección ambiental a nivel continental. La decepción tras la Cumbre del Clima celebrada en Belém, Brasil, también fue destacada: organismos y activistas coincidieron en el balance negativo de esa reunión, tras comprobar la incapacidad de los países para acordar medidas en torno al fin del uso de combustibles fósiles.

El año estuvo marcado por una recuperación hidrológica significativa. La salida de España de la sequía prolongada se produjo en junio, favorecida por intensas precipitaciones en la primavera. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) informó que este período fue el quinto más lluvioso desde 1961 y el tercero más húmedo en lo que va del siglo XXI. Esta transición climática permitió al país revertir parcialmente los efectos de la sequía, aunque el debate sobre la gestión ambiental y la legislación vigente persiste.

Otra de las cuestiones que dominaron el debate público fue la situación del lobo ibérico, cuya protección legal se rebajó tras iniciativas legislativas lideradas por el Partido Popular en el Senado y posteriormente ratificadas por el Congreso. Según reporte de Europa Press, el futuro de la especie queda a la espera de dos resoluciones clave: el informe sexenal que el Gobierno debe remitir a Bruselas, que determinaría la legalidad de la caza del lobo, y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto al recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra algunos artículos controvertidos de la nueva normativa. Tanto organizaciones ambientalistas como agroganaderas describen el panorama actual como una “tensa calma”, a la espera de definiciones que puedan modificar la gestión y conservación de la especie.

En el ámbito nuclear, el cierre programado de centrales se mantiene vigente para 2026, sujetándose a la posible prórroga de la vida útil de la central de Almaraz en Extremadura, que por ahora permanece con fecha estimada de clausura entre 2027 y 2028. El Gobierno reiteró su postura de no permitir la transferencia de costos a la ciudadanía y vigilar prioritaria tanto la seguridad de las instalaciones como la garantía del suministro eléctrico nacional. El Consejo de Seguridad Nuclear solicitó información técnica a los operadores de la central de Almaraz para continuar con la evaluación y elaboración del informe requerido por la ley, informó Europa Press.

A nivel internacional, Francia organizó en junio la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3), orientada a potenciar la protección de los mares y la ratificación del “Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales”, conocido como “Tratado de los Océanos” (BBNJ). Si bien la cumbre no garantizó la entrada en vigor del acuerdo en ese momento, la evolución posterior permitió superar las 60 ratificaciones requeridas, lo que abrirá su aplicación el 17 de enero de 2026. En este contexto, el presidente Pedro Sánchez anunció la futura declaración de cinco nuevas áreas protegidas en la costa española, con lo que el porcentaje de superficie marina bajo protección nacional alcanzará el 25,7%.

Por el contrario, en la Cumbre del Clima de noviembre en Belém no se pudo concretar un acuerdo sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, lo que intensificó la frustración entre organizaciones ambientalistas internacionales, reportó Europa Press.

Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, destacó la fuerza demostrada por la sociedad en acciones como demandas internacionales y europeas favorables a la justicia climática, así como la paralización de macroproyectos como la granja de Noviercas, según recoge Europa Press. Saldaña apeló además al impacto de movimientos sociales en defensa de la paz y mencionó expresamente el conflicto en Gaza, condenando lo que denominó “el horror del genocidio” perpetrado por Israel. Resaltó igualmente iniciativas como la creación de un abono único de transporte —instando a la incorporación del resto de administraciones públicas— y la cancelación del proyecto de ampliación del Museo Guggenheim de Bilbao, que en su momento se planteó en una zona reconocida como Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, enfatizó según Europa Press que, frente a intentos de los gobiernos por limitar o bloquear progresos ambientales, la sociedad ha conseguido sostener el avance, especialmente a través del crecimiento de la energía renovable. Destacó que estas fuentes representaron ya más del 30% de la producción de electricidad global durante el año. También advirtió sobre el efecto negativo de la tendencia a la desregulación en la Unión Europea.

En esta misma línea, Blanca Ruibal, coordinadora de Amigas de la Tierra, hizo hincapié en el compromiso de la ciudadanía con la problemática climática, valorando la implicación social en la búsqueda de soluciones y el rechazo al negacionismo, de acuerdo con lo que comunicó Europa Press.

Según señalaron, la intensificación de la movilización social asegura que las cuestiones del clima y la biodiversidad permanezcan en el centro del debate público, a pesar de las tensiones existentes entre la protección legal del medio ambiente y las reformas legislativas orientadas a flexibilizar regulaciones en el ámbito europeo. Así, la resistencia social frente a la desregulación y la presión sobre los decisores institucionales se presentan como notas características de un año en el que los retos ecológicos siguen vigentes, mientras la ciudadanía incrementa su protagonismo en demandas de acción y justicia ambiental.