El Tribunal de Justicia Electoral condena la "injerencia extranjera" en las elecciones de noviembre

La revocación del visado al juez hondureño Mario Morazán por parte del Gobierno de Estados Unidos ha generado un nuevo capítulo en la tensión que rodea las elecciones presidenciales de Honduras, celebradas el 30 de noviembre de 2025 y cuyos resultados oficiales todavía no se han definido con claridad. Según informó Europa Press, la medida se tomó luego de que Morazán fuera acusado de obstaculizar el recuento de votos, una situación que él mismo denunció como un intento de presión externa contra la independencia del poder judicial del país centroamericano.

De acuerdo con información de Europa Press, el Tribunal de Justicia Electoral de Honduras condenó categóricamente cualquier tipo de injerencia extranjera durante el proceso electoral. En un comunicado, la institución insistió en que todas las disputas electorales deben resolverse únicamente bajo el marco legal hondureño y sin aceptar presiones externas o nacionales que puedan comprometer la labor de los jueces y magistrados. El tribunal también repudió los actos de coacción, amenazas, injurias y cualquier acción que afecte la labor y la seguridad de los funcionarios involucrados en los comicios.

El juez Mario Morazán declaró en un pronunciamiento recogido por Europa Press que “la dignidad y la justicia no son negociables” y resaltó la importancia de mantener la imparcialidad y la defensa del Estado de Derecho en la resolución de controversias electorales. Morazán alertó que las autoridades judiciales y electorales del país enfrentan no solo presiones externas sino también amenazas directas de actores políticos hondureños, quienes intentan condicionar las decisiones judiciales o, incluso, han amenazado con cárcel a funcionarios electorales, según indicó el propio magistrado.

El estado de incertidumbre persiste, ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió recientemente el recuento de aproximadamente 2.800 actas que presentaron irregularidades, en medio de fuertes tensiones por denuncias de fraude y protestas de diferentes sectores políticos. Europa Press detalló que han transcurrido casi 20 días desde la jornada electoral sin que se haya proclamado a un presidente electo, y los sucesivos problemas técnicos en el escrutinio han alimentado la desconfianza y la falta de consenso sobre el resultado final.

Actualmente, Nasry Asfura aparece con una leve ventaja en el conteo de votos por menos de un punto porcentual sobre Salvador Nasralla, quien ha manifestado de manera pública y reiterada que el proceso representa un “robo” y ha insistido en la existencia de irregularidades que, según sus declaraciones, afectan la transparencia y credibilidad de los resultados. Europa Press reportó que Asfura es visto como el candidato favorable al Gobierno estadounidense, lo que ha sumado otro ingrediente a la percepción de injerencia internacional en el proceso.

En su comunicado, Mario Morazán subrayó que “los jueces debemos actuar únicamente con sujeción a la Constitución, los Tratados Internacionales y la ley”, e hizo énfasis en el deber institucional de resistir cualquier intento de interferencia, sin importar si esta proviene de actores internos o externos. Además, instó a que se garanticen resultados que sean “limpios, transparentes y verificables, ajustados a la normativa vigente y con absoluto respeto a la voluntad ciudadana”, según difundió Europa Press.

El entorno de incertidumbre se agrava a raíz de las distintas amenazas e injurias dirigidas a funcionarios, hecho reconocido por el propio Morazán, quien afirmó que varios miembros del aparato electoral han sido blanco de intentos de intimidación desde sectores cuyos intereses, según dijo, no corresponden a los de sus propias instituciones políticas.

Todo este escenario evidenciado por Europa Press revela una creciente tensión en la institucionalidad electoral y judicial hondureña, cuya independencia se ve desafiada tanto por presiones nacionales como internacionales. Las autoridades insisten en que las salidas a la crisis deben enmarcarse exclusivamente dentro de la legalidad, con el objetivo de preservar tanto la transparencia como la legitimidad del voto emitido por la ciudadanía.