El Gobierno de Israel aprueba el cierre de la radio del Ejército

Críticas de la fiscal general y demandas ante la Corte Suprema desafían la clausura administrativa de Galei Tzahal, al considerar que restringe la pluralidad en los medios y no respeta las garantías constitucionales en torno a la libertad de prensa

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Las demandas legales presentadas ante la Corte Suprema de Israel surgieron después de que organizaciones civiles, excomandantes y personalidades públicas argumentaran que el cierre de la emisora militar Galei Tzahal requiere un procedimiento legislativo formal en la Knesset y no puede realizarse solo por decisión administrativa. Este episodio evidenció la preocupación de una parte relevante de la sociedad israelí por la pluralidad en los medios y el respeto a las garantías constitucionales ligadas a la libertad de prensa. La polémica alcanzó nuevos niveles cuando diferentes actores expresaron sus cuestionamientos respecto a la legalidad y las consecuencias del cese de las transmisiones de Galei Tzahal, la cual ha tenido un papel significativo dentro del espectro informativo y cultural de Israel. Según consignó el medio Yedioth Ahronoth, estos acontecimientos tuvieron lugar después de que el Consejo de Ministros aprobara de manera unánime el cierre de la emisora militar, medida que entrará en vigor el 1 de marzo.

De acuerdo con lo reportado por Yedioth Ahronoth, la fiscal general Gali Baharav-Miara manifestó su oposición hacia la forma adoptada para ejecutar el cierre y advirtió que esta decisión podría resultar ilegal al limitar la libertad de prensa en Israel. Baharav-Miara sostuvo que “cualquier cierre de esta emisora requeriría de un proceso legislativo en la Knesset”. El medio señaló que la funcionaria enfatizó la importancia de que los cambios relacionados con Galei Tzahal sean debatidos y aprobados por el órgano legislativo, dado que la existencia y función de la emisora están reconocidas por una ley vigente.

El fundamento utilizado por el Ejecutivo para justificar el cierre se basó en un informe elaborado por una comisión de expertos, la cual —según detalla Yedioth Ahronoth— ha sido señalada por su supuesto sesgo político favorable al partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu y por emitir críticas hacia la diversidad de opiniones presentes en la emisora. Estas observaciones provocaron que la discusión sobre el destino de Galei Tzahal reflejara tensiones más amplias sobre la independencia editorial y la representación plural en los medios públicos.

Después de la aprobación administrativa, se presentaron múltiples recursos ante el Tribunal Supremo, interpuestos por distintos sectores y personalidades relevantes. Entre los demandantes, Yedioth Ahronoth identificó al Movimiento por un Gobierno de Calidad, la Asociación por una Academia Democrática de Israel, así como a seis excomandantes de la emisora y figuras influyentes del ámbito mediático. Estos actores legales subrayaron en sus escritos que la clausura de Galei Tzahal, ejecutada sin intervención de la Knesset, vulnera los cauces constitucionales y podría sentar un precedente adverso para la autonomía de los medios estatales.

A modo de justificación, el primer ministro Benjamin Netanyahu defendió la decisión al declarar que la presencia de una radio militar en Israel resulta más propia de contextos autoritarios como el de Corea del Norte y no encajaría en el modelo democrático israelí, según citó Yedioth Ahronoth. Netanyahu señaló que el cierre responde a lo que consideró una adecuación necesaria de las atribuciones de los medios bajo control estatal, cuya actividad debería adaptarse a lo que el Gobierno califica como pertinente para la sociedad.

El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró, en declaraciones recogidas por Yedioth Ahronoth, que Galei Tzahal nació para brindar información de interés a los miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y sus familias. Katz criticó que, a su juicio, la emisora se desvió hacia la expresión de opiniones contrarias a las políticas de la institución y de sus integrantes. Además, sostuvo que “el cierre de la emisora es esencial para proteger el carácter nacional de las FDI y para recuperar la confianza de la población”, expresando preocupación por la posibilidad de que adversarios de Israel interpretaran los contenidos emitidos como posicionamientos oficiales de las FDI y del Estado.

El medio Yedioth Ahronoth repasó que Galei Tzahal, durante décadas, ha desempeñado un rol relevante como espacio de encuentro y referencia cultural en el país, pese a que depende de financiación y supervisión militares. El debate sobre su futuro ha sido constante, alternando propuestas orientadas a transferir su administración a una autoridad civil o a mantenerla bajo control militar. El actual gabinete resolvió avanzar hacia la clausura total, convirtiéndose en la primera ocasión en que una medida similar recibe la unanimidad del Consejo de Ministros.

En torno al proceso de cierre, se generaron numerosas opiniones sobre la composición y orientación de la comisión de expertos que sirvió como base para tomar la decisión. La fiscal general, según información publicada por Yedioth Ahronoth, subrayó que este comité dio muestras de desacuerdo con la presencia de diversas voces políticas dentro de la emisora, lo que habría influido en la recomendación de clausura.

La iniciativa gubernamental encendió el debate público sobre el alcance del poder del Ejecutivo en el manejo de los medios públicos y la necesidad de preservar un ambiente de pluralidad informativa. Los recursos y demandas ante el Tribunal Supremo, según indicó Yedioth Ahronoth, buscan que la Corte revierta el cierre y disponga que cualquier cambio en la situación legal o funcional de Galei Tzahal atraviese un procedimiento parlamentario que garantice el control democrático de las decisiones.

La reacción ante el cierre trascendió el ámbito político, abarcando opiniones de sectores sociales que defendieron la continuidad de la emisora como un espacio de referencia frente a las tensiones políticas del país. Diversos actores remarcaron el valor de Galei Tzahal para la formación y representación crítica de la opinión pública israelí. Además, varias organizaciones alertaron sobre el riesgo de que la clausura, mediante una decisión administrativa, propicie la concentración del control gubernamental sobre los contenidos y la agenda mediática.

Según la información de Yedioth Ahronoth, el proceso y la fundamentación empleados por el Gobierno reavivaron preguntas sobre el equilibrio entre la autonomía de los medios, la libertad de prensa, la vigilancia de los poderes estatales y la diversidad de opiniones. Los procedimientos jurídicos abiertos ante la Corte Suprema representan un nuevo escenario en la disputa por la protección de los espacios mediáticos y la institucionalidad democrática en Israel.

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