El Supremo de EEUU rechaza la legalidad de gran parte de los aranceles de Trump

Miles de compañías y varios estados estadounidenses se preparan para reclamar devoluciones de los gravámenes pagados tras la decisión del Tribunal Supremo que limitó la autoridad presidencial respecto a la imposición de aranceles en circunstancias de emergencia nacional. Según publicó el medio, el fallo se traduce en un revés para la Administración Trump, que recurrió a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) como justificación para establecer tarifas comerciales sin una autorización expresa del Congreso.

De acuerdo con los detalles difundidos por la prensa, la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que cuenta con una mayoría conservadora de seis contra tres, establece que la IEEPA no otorga al presidente la capacidad de imponer aranceles recíprocos ni de establecer gravámenes de forma unilateral. Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh expresaron una postura disidente al considerar que la facultad presidencial debía interpretarse de otro modo. El resto del tribunal respaldó que la imposición arancelaria solo puede darse con una autorización clara por parte del Congreso y que la Casa Blanca no puede recurrir a procedimientos simplificados al amparo de leyes de emergencia para tomar medidas que afectan los intercambios comerciales internacionales.

Tal como reportó la fuente, la resolución implica que las disposiciones de la IEEPA que facultan al presidente a “regular... la importación” resultan insuficientes para justificar la imposición de aranceles. El Supremo puntualizó que la ley de 1977 no hace mención a derechos comerciales ni a aranceles y que ningún mandatario había interpretado previamente el texto legal como una cédula para gravar importaciones a gran escala. El alto tribunal subrayó en su texto: “No reivindicamos ninguna competencia especial en materia económica ni de relaciones exteriores. Reivindicamos únicamente, como es debido, el papel limitado que nos asigna el Artículo III de la Constitución. En cumplimiento de dicho papel, sostenemos que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles”.

Según informó el medio, Donald Trump ya había anticipado que un fallo en contra por parte del Supremo podría resultar en erogaciones billonarias, al afirmar que la resolución obligaría al Gobierno federal a devolver sumas muy superiores en concepto de aranceles cobrados. El exmandatario tachó de “completo desastre” la posibilidad de que se obligue a reembolsar el dinero recaudado por vía de los gravámenes.

Los aranceles en cuestión, anunciados por la administración Trump en abril de 2025, generaron contestaciones tanto de gobiernos estatales como del sector empresarial, que cuestionaron la legalidad del método adoptado para la introducción de estas medidas. De acuerdo a lo recogido por el medio, una docena de estados y numerosas empresas defendieron que Trump había superado los límites de sus facultades al usar órdenes ejecutivas amparándose en la IEEPA. Esta ley faculta al presidente, bajo ciertas condiciones, para restringir o prohibir transacciones vinculadas al comercio internacional durante situaciones calificadas como emergencia nacional, pero la interpretación extendida para justificar la imposición arancelaria fue refutada tanto a nivel judicial como ahora por el máximo tribunal.

El medio detalló que, antes del pronunciamiento del Supremo, ya existía un precedente adverso para la postura presidencial. El Tribunal de Comercio Internacional había concluido a finales de mayo que el presidente se excedió al invocar la IEEPA para implementar la política arancelaria anunciada. El mismo tribunal federal que actuó en instancia previa consideró que la Casa Blanca utilizó una ley sin fundamento específico para imponer gravámenes a decenas de naciones socias comerciales.

La sentencia del Tribunal Supremo, por tanto, no solo marca un hito legal respecto a la separación de poderes y el papel del Congreso en la regulación del comercio exterior, sino que inicia un proceso de reclamaciones y litigios por parte de los sectores que afrontaron el aumento de costos por importaciones gravadas. Empresas y gobiernos estatales disponen ahora de vías legales para intentar recuperar parte de los fondos erogados durante la vigencia de los aranceles, lo que implica la puesta en marcha de un complejo proceso judicial y administrativo de reclamaciones.

Esta resolución, reportó el medio, refuerza la necesidad de una base legislativa explícita para medidas comerciales extraordinarias y deja sin efecto la práctica reciente de acudir a poderes de emergencia para asumir decisiones arancelarias de amplio alcance. Además, sienta un precedente en el cual la intervención del Congreso se convierte en un requisito indispensable para instaurar nuevos gravámenes al comercio internacional bajo el amparo de situaciones de emergencia nacional, quedando limitada la facultad ejecutiva para actuar unilateralmente en esta materia.