Trump dice que no es necesario el permiso del Congreso para atacar Venezuela: "No tengo por qué decírselo"

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió abiertamente a la existencia de filtraciones dentro del Congreso de su país respecto a potenciales operaciones militares, especialmente en relación con recientes acciones de Washington contra cárteles de la droga en Venezuela. En ese contexto, Trump expresó ante los periodistas su decisión de reservarse el derecho de llevar adelante un ataque terrestre en territorio venezolano sin necesidad de notificar previamente al Congreso, como informó el medio de comunicación.

De acuerdo con lo publicado, la declaración del mandatario norteamericano se produjo después de que miembros del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes presentaran dos resoluciones vinculadas a los poderes de guerra del Ejecutivo, en medio de una escalada de tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro. Trump justificó su postura asegurando: “No me importaría decírselo. No es para tanto. No tengo por qué decírselo. Eso está probado, pero no me importaría en absoluto. Solo espero que no lo filtren. Son políticos y realizan filtraciones como si tuviesen un colador”, recogió el medio, marcando así la posición de la Casa Blanca respecto a la transparencia de las acciones militares.

La normativa vigente en Estados Unidos, conocida como la resolución de poderes de guerra de 1973, estipula que el presidente debe consultar al Congreso “en todos los casos posibles” antes de movilizar las Fuerzas Armadas hacia situaciones de hostilidad, salvo en escenarios en que exista una declaración formal de guerra o alguna otra autorización expresa por parte del Legislativo, explicó el medio. Sin embargo, Trump subrayó que, en ciertas circunstancias, el Ejecutivo mantiene la capacidad de actuar directamente, prescindiendo de una consulta previa a los congresistas.

El contexto de estas afirmaciones se enmarca en las recientes designaciones por parte del gobierno estadounidense, que calificó al régimen de Maduro como “organización terrorista” y tomó medidas para bloquear la totalidad de la flota petrolera venezolana, reportó el medio. El endurecimiento de la política estadounidense hacia el país sudamericano se combina con operativos contra el tráfico de drogas en aguas del Caribe, donde Estados Unidos ha emprendido ataques contra embarcaciones sospechosas de transporte de estupefacientes.

En relación con estos operativos, el Congreso de los Estados Unidos aprobó de forma reciente el presupuesto anual de Defensa. Dentro de esta legislación se incluyó una cláusula que exige al Departamento de Defensa compartir con los miembros del Congreso imágenes sin editar de los ataques llevados a cabo contra presuntas narcolanchas, detalló el medio. Además, el presupuesto limita los gastos en viajes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, hasta tanto las comisiones de Servicios Armados tanto de la Cámara de Representantes como del Senado reciban el material audiovisual correspondiente sobre dichos operativos.

El tratamiento legislativo y la presión sobre la supervisión de las acciones militares representan un nuevo foco de tensión institucional entre el Ejecutivo y el Congreso. Esta exigencia responde al compromiso de los legisladores por mantener control y transparencia en las acciones de defensa y seguridad nacional, especialmente cuando involucran operaciones fuera del territorio estadounidense y pueden comportar riesgos internacionales, según informó el medio. Las polémicas declaraciones de Trump sobre el alcance de su autoridad en asuntos bélicos han reavivado el debate sobre los límites del poder presidencial, especialmente ante escenarios de intervención militar en el extranjero y ante la amenaza del narcotráfico transnacional.

Las resoluciones presentadas por los demócratas buscan reafirmar el papel del Congreso como órgano de control sobre el empleo de la fuerza militar y responder a la preocupación por una posible escalada unilateral en el conflicto con Venezuela, tal como publicaron fuentes periodísticas. La administración Trump, por su parte, ha defendido que el combate a las redes de narcotráfico en el Caribe y América Latina forma parte de su estrategia para proteger la seguridad de Estados Unidos y sus aliados, argumentando que, en ocasiones, la rapidez de respuesta es prioritaria frente a los procedimientos de consulta extensos.

Mientras avanzan las negociaciones y el intercambio de información entre la Casa Blanca y el Congreso, el clima de desconfianza permanece elevado ante la posibilidad de nuevas operaciones militares asociadas a la crisis venezolana y al combate contra el narcotráfico regional, según consignó el medio. El futuro de las relaciones interinstitucionales en torno a este asunto dependerá tanto del cumplimiento de los requisitos legislativos como del manejo que haga el Ejecutivo de sus prerrogativas en materia de defensa y seguridad.