La UE anuncia un acuerdo para facilitar la deportación de solicitantes de asilo a "terceros países seguros"

La exclusión de los menores extranjeros no acompañados de los procedimientos de externalización de solicitudes de asilo figura entre los elementos centrales de la reforma migratoria acordada por la Unión Europea. Según consignó el Consejo Europeo, esta medida garantiza que los menores sin compañía permanezcan bajo salvaguardas prioritarias y no podrán ser transferidos fuera del territorio de los Estados miembros. Este enfoque refuerza la protección de los menores, manteniéndolos bajo estándares establecidos por la normativa europea en materia de infancia y derechos humanos. El anuncio forma parte de los cambios estructurales presentados por el Consejo Europeo tras el acuerdo alcanzado entre los ministros del bloque para modificar, a partir del 12 de junio de 2026, las bases legales que regulan la gestión y transferencia de expedientes de asilo en la región.

De acuerdo con la información difundida por el Consejo Europeo, la modificación normativa redefine el concepto de “tercer país seguro” y elimina el requisito previo que obligaba a los solicitantes de asilo a demostrar vínculos personales con los países donde se prevé su traslado. Estas alteraciones pretenden otorgar mayor flexibilidad a los Estados miembros frente a presiones derivadas del aumento de flujos migratorios y abordar la acumulación de solicitudes dentro de los sistemas nacionales. El Consejo Europeo enfatizó que el mecanismo de transferencia podrá aplicarse a personas cuya petición de asilo no cumpla con los criterios más estrictos exigidos para la admisión interna en la Unión. Solo las solicitudes que cumplan estos nuevos umbrales serán gestionadas dentro del territorio comunitario, mientras que el resto podrá remitirse a naciones designadas formalmente como seguras, siempre que garanticen niveles de protección iguales a los exigidos en Europa.

El Consejo Europeo explicó que los gobiernos comunitarios tendrán la facultad de negociar acuerdos con terceros países para externalizar parcial o totalmente la tramitación de solicitudes de protección internacional. Esta posibilidad se regulará mediante convenios bilaterales o multilaterales, y las transferencias de expedientes estarán permitidas únicamente si el país receptor ofrece garantías suficientes en materia de derechos humanos, cumpliendo con los compromisos internacionales asumidos por la Unión Europea. El ministro de Inmigración e Integración de Dinamarca, Rasmus Stoklund, citado por el propio Consejo, sostuvo que estas disposiciones permitirán derivar solicitudes de asilo fuera de Europa en virtud de acuerdos internacionales, siempre bajo la premisa del respeto a los estándares europeos de protección.

Según lo estipulado en el acuerdo, los cambios normativos entrarían en vigor el 12 de junio de 2026, condicionados a la ratificación final tanto por parte del Parlamento Europeo como del propio Consejo. Una vez validada la reforma, los Estados miembros tendrán la obligación de acatar el nuevo marco legal y adaptar sus procedimientos de traslado y externalización de expedientes de asilo a los criterios reforzados. El objetivo declarado, según detalló el Consejo Europeo, es ampliar la capacidad de la Unión para derivar casos hacia terceros países, distribuir las responsabilidades administrativas y aliviar la saturación de los sistemas nacionales de asilo ante situaciones excepcionales.

El nuevo pacto migratorio también introduce medidas que endurecen los criterios de admisión y establecen filtros adicionales durante los procesos previos de selección de casos tramitados en territorio comunitario. El Consejo Europeo, con Dinamarca ejerciendo la presidencia, remarcó que estos ajustes reforzarán los controles legales y posibilitarán repartir la carga administrativa de modo más equitativo entre los países miembros y las naciones externas involucradas. El texto legal, según publicó el Consejo Europeo, exige la instauración de controles y mecanismos de verificación efectivos para prevenir vulneraciones a los principios y obligaciones en materia de derechos fundamentales, tanto para los adultos como para los menores.

La salvaguarda de los derechos de los grupos vulnerables y el respeto al principio de no devolución constituyen un pilar de la reforma. El Consejo Europeo reiteró que ningún menor extranjero no acompañado podrá ser afectado por los procedimientos de externalización, consolidando la prioridad otorgada a la infancia y reforzando los protocolos de protección diseñados específicamente para este colectivo. El mensaje oficial precisó que cualquier traslado solo podrá ejecutarse cuando el país tercero demuestre capacidad real para ofrecer protección sustancial y adecuada conforme a las exigencias europeas.

La reforma alentará también la negociación de nuevos acuerdos internacionales, incrementando las opciones de transferir expedientes y compartiendo la responsabilidad de gestión migratoria más allá de las fronteras de la Unión. Esta estrategia busca responder a la demanda creciente de asilo y optimizar tanto la selección de casos como el control de los flujos en las fronteras externas del bloque. El Consejo Europeo subrayó que el traslado de expedientes, la redefinición de los conceptos legales aplicables y el fortalecimiento de los filtros para el acceso a los procedimientos constituyen herramientas centrales para el reequilibrio de las obligaciones entre los Estados miembros y terceros países implicados en la nueva política migratoria.

El nuevo marco legal responde a la necesidad de ajustar las capacidades institucionales europeas, descentralizar tareas administrativas y dotar a las autoridades nacionales y europeas de instrumentos adicionales frente a desafíos derivados de flujos migratorios intensos o crisis internacionales. Según destacó el Consejo Europeo, el sistema renovado promueve una mejor repartición de la gestión de solicitudes y preserva, de manera prioritaria, la defensa de los derechos fundamentales, con énfasis especial en la protección de los menores no acompañados.