Al banquillo cuatro acusados de traer a mujeres desde el extranjero para convertirlas en esclavas sexuales

Kelly J.O., identificada por los alias “Andrea” y “Carly”, figura como principal procesada en el caso que investiga una presunta red de explotación sexual en España. Según detalló Europa Press, la Fiscalía de Valladolid solicita para ella la mayor condena entre los cuatro acusados: hasta 27 años de prisión. El caso también involucra a su hijo, Luis Ángel S., a su pareja sentimental, Janner D.M., y a un cuarto acusado, Esneider D.A.B., quienes se enfrentarán al juicio previsto en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial desde este miércoles. La suma total de las penas reclamadas por el Ministerio Público asciende a 63 años de prisión.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la acusación sostiene que el grupo operó desde marzo de 2022 hasta finales de diciembre de 2023, tiempo durante el cual captó a jóvenes, principalmente de Venezuela y Colombia, para trasladarlas a España bajo engaños. Prometieron a las víctimas la posibilidad de obtener ingresos elevados, pero una vez que las mujeres llegaban al país a través del Aeropuerto de Madrid-Barajas (Adolfo Suárez), les retiraban los pasaportes y las asignaban a distintas viviendas en varios puntos de la geografía española, incluidas localidades de Valladolid.

Europa Press consignó que, según la Fiscalía, una vez en territorio español, las víctimas eran informadas de una supuesta deuda que oscilaba entre 5.500 y 6.500 euros, que debían saldar mediante servicios sexuales. La principal acusada, según el relato remitido a la Audiencia Provincial, mantenía un férreo control sobre sus actividades e imponía un régimen de explotación en el que las víctimas debían permanecer disponibles durante las veinticuatro horas del día. Además de la deuda, las mujeres debían asumir gastos como la renovación de anuncios en Internet –entre 80 y 100 euros semanales–, el alquiler de las habitaciones que ocupaban –entre 200 y 300 euros por semana– y un suplemento semanal de 50 euros destinado a manutención.

Tal como reportó Europa Press, la investigación señala que antes del viaje a España, Kelly J.O. realizaba una selección de las jóvenes a través de fotografías y ofrecía recomendaciones sobre su aspecto físico. Algunas víctimas manifestaron haber creído que ejercerían labores de modelaje o participarían en actividades para páginas web para adultos, aunque no imaginaban el alcance real de la explotación a la que serían sometidas.

La Fiscalía indica en su escrito que la principal acusada recurría a amenazas indirectas, sugiriendo que trabajaba para personas peligrosas capaces de causar daño en caso de desobediencia, generando así un clima de miedo e incertidumbre entre las afectadas. Europa Press puntualizó que la situación de sometimiento impedía a las víctimas incluso acciones básicas de higiene, como bañarse entre clientes cuando el volumen de trabajo era elevado, y no existían contemplaciones para circunstancias como estar menstruando.

La organización, según la acusación, mantuvo la estructura y el control hasta finales de mayo de 2023, cuando la implicada principal sumó la participación directa de su hijo, Luis Ángel S., y de la pareja de este, Janner D.M. Ambos, según describe Europa Press, se responsabilizaban de trasladar a las víctimas, recaudar el dinero derivado de la actividad y contabilizar los ingresos en un cuaderno que manejaba la ‘madama’. Un cuarto integrante, Esneider D.A.B., aparece señalado por la fiscalía como colaborador clave en las labores de captación de nuevas víctimas en el extranjero.

La acusación pública les imputa diferentes grados de responsabilidad en los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en concurso medial con delitos de prostitución coactiva, un delito continuado contra los derechos de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal. Como parte de la reclamación civil, Europa Press añadió que el Ministerio Público exige que los cuatro acusados indemnicen conjunta y solidariamente con 880.000 euros a cada una de las tres mujeres perjudicadas.

Los servicios prestados por las víctimas se remuneraban con cifras que oscilaban entre los 50 y 100 euros, dependiendo de la duración, aunque el dinero se destinaba inicialmente al pago de deudas y otros costes impuestos por los acusados. Europa Press reportó que incluso después de saldar estas deudas iniciales, la organización mantenía un esquema de reparto de beneficios, por el que la mitad del dinero continuaba en manos del grupo criminal.

La vista judicial pondrá en el banquillo no solo a la presunta cabecilla y a sus colaboradores directos, sino también al presunto captador en el extranjero. El proceso examina tanto los mecanismos sofisticados de captación como las condiciones de presión y control a las que las víctimas estuvieron sometidas durante meses, según consta en la acusación de la Fiscalía recogida por Europa Press.