Lima, 15 dic (EFE).- La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) allanaron este lunes la casa del gobernador del Callao, Ciro Castillo, contra quien se ha dictado una orden de ubicación y captura, como parte de la investigación de una presunta red corrupta en esa región vecina de Lima, informaron este lunes fuentes oficiales.
La casa de Castillo, en el distrito costero de La Punta, fue uno de los 27 inmuebles en los que intervinieron representantes de la Fiscalía Anticorrupción del Callao y agentes de la Dirección contra la Corrupción de la PNP, en una operación en la que se detuvo de manera preliminar a otras cuatro personas, investigadas por los delitos de organización criminal y colusión agravada.
Según la información de la Fiscalía, una organización criminal denominada 'Los socios del GORE Callao' "habría evitado" los procesos de selección establecidos por ley para dirigir más de 60 contrataciones públicas por un monto total de 1,4 millones de soles (unos 415.000 dólares).
La investigación alcanza a 15 funcionarios y trabajadores del Gobierno Regional del Callao (GORE Callao), entre ellos Castillo, que presuntamente coordinaron la emisión irregular de órdenes de compra y servicio para favorecer a proveedores.
Durante la operación, la Policía detuvo a un presunto proveedor y al encargado de almacén, un especialista y al coordinador de contrataciones del gobierno regional.
Las diligencias están a cargo del fiscal provincial Wils Gonzáles y el fiscal adjunto provincial Julio Cupe Gonzáles, del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, con el apoyo de la policía anticorrupción.
Tras conocerse la información, el abogado de Castillo, Humberto Abanto, declaró a periodistas que el allanamiento a la casa del gobernador fue "declarado infructuoso", porque no se encontró documentación vinculada con los hechos investigados.
Abanto no ofreció información sobre el paradero de Castillo, pero aseguró que no fueron notificados de esta investigación y presentarán una apelación contra la orden de detención preliminar, durante 15 días, dictada contra la autoridad regional. EFE
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