HRW acusa a Trump de usar como "chivo expiatorio" a un grupo de países para justificar sus políticas migratorias

De acuerdo con Human Rights Watch (HRW), la reciente decisión de la administración estadounidense de suspender trámites migratorios para ciudadanos de una lista de países constituye una continuación y ampliación de políticas restrictivas que han generado impacto directo sobre familias migrantes y solicitantes de asilo. Según publicó HRW, estas medidas están fundamentadas en argumentos de seguridad que, según la organización, carecen de respaldo demostrado, afectando tanto el derecho internacional como las obligaciones humanitarias asumidas por Estados Unidos. El medio detalló que la noticia surge luego de que Donald Trump anunciara el 26 de noviembre una "pausa permanente" en la tramitación de solicitudes de asilo para personas procedentes de países identificados como "del tercer mundo", en reacción a un ataque realizado por un inmigrante afgano contra dos soldados de la Guardia Nacional, incidente que resultó en la muerte de uno de ellos.

Tal como informó HRW, la decisión gubernamental fue acompañada por la paralización de los trámites migratorios de ciudadanos originarios de Afganistán, Burundi, Chad, República del Congo, Cuba, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Laos, Libia, Birmania, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Turkmenistán, Venezuela y Yemen. Human Rights Watch sostiene que el ejecutivo estadounidense recurre al uso del concepto de "chivo expiatorio" para justificar medidas de corte discriminatorio y hostil, argumentando que se estigmatiza a poblaciones enteras en base a su nacionalidad. "Se trata de convertir en chivos expiatorios a nacionalidades enteras para justificar políticas discriminatorias", afirmó la organización, en declaraciones recogidas por el medio.

HRW remarcó que Washington no ha presentado pruebas de que los ciudadanos de estos países representen un riesgo superior para la seguridad nacional en comparación con otras nacionalidades. Según consignó la organización, las actuales restricciones replican y amplían el enfoque aplicado durante el primer mandato de Trump, en referencia a la prohibición de ingreso impuesta a viajeros musulmanes, una medida que generó debate internacional y que fue objetada por colectivos de derechos humanos y migrantes en Estados Unidos y el extranjero.

De acuerdo con lo argumentado por Human Rights Watch, las acciones recientes "socavan los compromisos de Estados Unidos en virtud del Derecho Internacional y los Derechos Humanos, incluidas sus obligaciones de garantizar el derecho a solicitar asilo". La ONG resalta que estas disposiciones podrían contribuir a la separación de familias, la exposición de personas a riesgos como la persecución en sus países de origen y al deterioro de la imagen internacional del país en materia de defensa de los derechos humanos. HRW expresó que la "estigmatización oportunista" ligada a las justificaciones en materia de seguridad no se corresponde con la realidad de los datos disponibles.

Los cambios anunciados por el gobierno estadounidense afectan tanto a personas en proceso de solicitud de asilo como a quienes buscan opciones de residencia legal, según expuso HRW. El endurecimiento de las políticas migratorias ha recibido cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales, que advierten sobre las consecuencias para los derechos de quienes huyen de conflictos y persecuciones.

En relación al caso que detonó la medida, el ataque perpetrado por un ciudadano afgano fue presentado por la administración como evidencia de la supuesta necesidad de reforzar los controles migratorios, aunque HRW sostiene que este uso de incidentes individuales para fundamentar políticas generales refleja un enfoque discriminatorio y contraproducente. La ONG subrayó que excluir colectividades nacionales enteras no solo carece de sustento probatorio sino que además contribuye a perpetuar narrativas estigmatizadoras y reduce las garantías de protección para personas vulnerables.

La suspensión de trámites afecta a individuos originarios de veinte países, obstaculizando su acceso a procesos de asilo y residencia y limitando las posibilidades de reunificación familiar y protección ante situaciones de riesgo. HRW indicó que la medida podría llevar a la exposición de migrantes a situaciones de persecución, violencia o represión en sus países de origen, al no poder acogerse a mecanismos de protección internacional.

Según reiteró Human Rights Watch a través del medio, la reacción de la administración estadounidense impacta la credibilidad de los compromisos adquiridos por Estados Unidos en el ámbito de los derechos humanos, en tanto debilita la imagen del país como garante de protección para quienes buscan refugio. La organización concluyó que, lejos de incrementar la seguridad, esta política representa un retroceso en la protección de las garantías fundamentales para personas desplazadas y refugiadas.