El PE pide garantías de que el control sobre el 'lobby' extranjero no estigmatiza la participación cívica

El Parlamento Europeo propone condicionar la futura regulación sobre influencia extranjera a salvaguardias que prevengan la utilización del control al ‘lobby’ exterior como herramienta de estigmatización de organizaciones sociales o civiles, una preocupación dada la experiencia de otras jurisdicciones donde leyes similares han derivado en la marginación de entidades que participan en el debate público. Según publicó la Eurocámara este jueves, el mandato de negociación aprobado en Estrasburgo establece que las nuevas medidas, surgidas tras las propuestas de la Comisión Europea en diciembre de 2023, deben limitarse estrictamente a intervenir sobre actividades de lobby efectivamente vinculadas con potencias como Rusia, China o Qatar, y no convertirse en un instrumento restrictivo para movimientos sociales, asociaciones sin ánimo de lucro o iniciativas ciudadanas que operen bajo las reglas democráticas.

De acuerdo con la información publicada por el Parlamento Europeo, los eurodiputados adelantaron sus líneas rojas de cara a las negociaciones interinstitucionales, enfatizando la necesidad de mantener intacta la participación democrática y la colaboración social, aún en el contexto de una mayor vigilancia a los lobbies extranjeros. Tal como informó el medio, el pleno subrayó el riesgo de que cualquier exceso normativo origine prácticas discriminatorias, etiquetado injusto o restricciones desproporcionadas a sectores cívicos, recordando el precedente de varios países donde legislaciones dirigidas a frenar a los llamados “agentes extranjeros” han derivado en la reducción del espacio público para la sociedad civil.

La nueva legislación que se discute en la Unión Europea surge como respuesta a intentos comprobados de grupos de presión de terceros Estados que han tratado de influir o alterar los procesos de toma de decisiones en Bruselas y en otras instituciones comunitarias. La Comisión Europea, autora de la propuesta inicial, sugiere la creación de un registro transparente y obligatorio que dé mayor claridad tanto a los ciudadanos como a las autoridades sobre los intereses foráneos en territorio europeo. Entre los elementos clave figura que las entidades representando gobiernos extranjeros deberán inscribirse y facilitar información sobre su financiación exterior cuando realicen actividades de representación ante instituciones de la UE.

“La transparencia no es una cuestión ideológica, sino una condición básica para la confianza democrática. Bajo esta directiva, cualquier persona que busque influir en las decisiones en la UE en nombre de un gobierno extranjero deberá registrarse y ser visible. Se establecen normas claras y uniformes en toda Europa, sin etiquetar ni sobrecargar a las organizaciones legítimas”, señaló la eurodiputada Adina Valean, ponente del mandato de la Eurocámara y excomisaria europea, en declaraciones recogidas por el propio Parlamento Europeo.

A partir de la propuesta inicial de la Comisión Europea, los eurodiputados presentaron enmiendas para garantizar que el registro de transparencia y las obligaciones de comunicación sobre financiación extranjera no se utilicen para restringir, penalizar ni señalar a entidades de la sociedad civil que no estén vinculadas directamente al lobby extranjero. El mandato establece que las autoridades nacionales deberán aplicar un registro obligatorio que esté conectado con las bases de datos de los otros Estados miembros, centralizado en un único portal europeo accesible y transparente.

Además, según el comunicado de la Eurocámara, se implementará un número europeo único de representación de intereses (EIRN, por sus siglas en inglés), el cual servirá de identificador para cada organización registrada que actúe en nombre de terceros Estados. Este sistema se concibe como una garantía tanto de acceso a la información para los ciudadanos como de neutralidad y objetividad en el trato de los datos aportados por los actores extranjeros.

El Parlamento Europeo advierte en su mandato que la nueva directiva no debe incluir obligaciones de declaración, veto o penalizaciones para organizaciones de la sociedad civil, plataformas ciudadanas u otros actores sociales que desarrollen actividades legítimas desligadas del lobby extranjero. Además, el texto subraya que toda regulación deberá distinguir y proteger el ejercicio legal y transparente del derecho a la participación pública y el activismo democrático, desde el registro y el acceso a fondos hasta la representación en foros e instituciones europeas.

La Eurocámara justifica la necesidad de transparencia y estandarización debido a los intentos documentados por parte de Rusia, China y Qatar de modificar o influir en las políticas europeas mediante estrategias de lobby, financiación opaca o presión indirecta. El propósito, destacan los eurodiputados, no radica en restringir la colaboración internacional ni la cooperación social, sino únicamente en visibilizar y supervisar las intervenciones extranjeras que buscan fines políticos o económicos en la Unión Europea.

El próximo paso, informó el medio, será la fijación de la postura por parte del Consejo, que representa a los gobiernos de los veintisiete Estados miembros. Una vez formalizadas ambas posiciones, comenzarán las conversaciones interinstitucionales para consensuar la normativa final. La expectativa de la Eurocámara, según revela el mandato, es que las normas resultantes permitan ejercer un control efectivo sobre la influencia extranjera, sin limitar el debate democrático ni cargar injustificaciones administrativas o legales sobre sectores sociales que cumplen función pública sin otra motivación que la participación y la pluralidad en la vida política de la Unión Europea.