La Cámara de Represetantes de Estados Unidos aprueba el paquete de financiación que reabrirá el Gobierno federal

La suspensión del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), de la que dependen más de 40 millones de personas en Estados Unidos, evidenció el alcance social de la paralización federal iniciada el 1 de octubre. Tras 43 días de interrupción administrativa, el Congreso aprobó un paquete financiero que garantiza la reanudación inmediata de la actividad gubernamental y la restauración de servicios esenciales, según informó The Hill.

El medio estadounidense detalló que la Cámara de Representantes otorgó su respaldo a la medida con 222 votos a favor y 209 en contra. Entre los votos favorables se incluyeron seis representantes demócratas, mientras que dos republicanos se opusieron al paquete por su desacuerdo con los niveles de gasto previstos. De acuerdo con The Hill, la votación en la Cámara Baja sucedió luego de negociaciones intensas entre representantes de ambos partidos, en las que se mantuvieron diferencias notables en torno a la amplitud de los subsidios federales, especialmente los destinados a seguros médicos.

Previo a la votación en la Cámara de Representantes, el Senado ya había mostrado acuerdo, sumando apoyos tanto de senadores republicanos como de ocho demócratas, según consignó The Hill. Este consenso legislativo permitió destrabar los recursos para áreas estratégicas como defensa, agricultura y atención a veteranos, y aseguró la funcionalidad de todo el aparato legislativo hasta el 30 de septiembre de 2026. The Hill subrayó que el plan contempla mantener activos los servicios públicos mediante la financiación completa del Gobierno federal hasta el 30 de enero del año siguiente, con el objetivo explícito de prevenir nuevos bloqueos presupuestarios inmediatos.

Durante más de seis semanas de parálisis, el impacto se sintió en sectores dependientes del Gobierno federal. El control del tráfico aéreo, afectado por la falta de fondos, llevó a la cancelación de miles de vuelos y paralizó infraestructuras críticas en todo el país, según reportó The Hill. La interrupción también frenó la operatividad de programas sociales y generó ceses laborales entre los empleados públicos. Tras la aprobación del paquete, más de 4.000 trabajadores federales comenzaron a reincorporarse a sus actividades, lo que permite restablecer gradualmente la normalidad en la administración pública y en la ejecución de proyectos estatales suspendidos.

El proceso de negociación en el Congreso estuvo marcado por tensiones entre demócratas y republicanos. Según describió The Hill, los demócratas presionaron por incluir la extensión de subsidios federales para seguros médicos, demanda que los republicanos inicialmente rechazaron en la discusión del presupuesto provisional. El acuerdo final surgió tras semanas de diálogo entre senadores demócratas de perfil centrista y sus pares republicanos, quienes alcanzaron una formula para la reapertura institucional y dejaron pendiente la discusión sobre la continuidad de los subsidios médicos federales.

Este resultado generó desacuerdos dentro del propio Partido Demócrata. The Hill consignó que sectores internos solicitaron la salida de Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, por considerar que el acuerdo no satisfacía plenamente sus demandas. Sin embargo, el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, expresó públicamente su respaldo al liderazgo de Schumer, según reflejó el medio estadounidense.

El paquete aprobado también incluyó una cláusula polémica que facultaba a ciertos senadores republicanos a demandar al Gobierno en casos de incautación de registros telefónicos, medida vinculada a la investigación sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Ante las objeciones de parte de los legisladores republicanos, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, anunció la tramitación de una ley independiente destinada a eliminar esta disposición, cuya votación se programó para la semana siguiente, detalló The Hill.

Superados los desacuerdos legislativos, el proyecto de ley fue enviado a la Casa Blanca para su firma final. De acuerdo con The Hill, el presidente Donald Trump tiene programado promulgar la ley a las 21:45 hora local del miércoles, lo que corresponde a las 3:45 del jueves en la España peninsular. Con esta acción, se busca asegurar el retorno de los empleados desplazados y garantizar la reactivación paulatina de los servicios y programas paralizados.

El restablecimiento de los fondos federales permite también la reinversión en proyectos clave del área militar, atención a veteranos y mantenimiento de la infraestructura legislativa. The Hill puntualizó que el propósito de extender la vigencia presupuestaria es evitar futuras interrupciones hasta la siguiente fecha límite y contribuir a la estabilidad institucional durante el periodo señalado.

A lo largo de las semanas de parálisis, se hizo visible una fuerte presión política sobre los líderes del Congreso por parte de sus respectivos partidos y de la ciudadanía. Las diferencias en torno al nivel de gasto y las prioridades presupuestarias definieron el escenario de enfrentamiento entre ambos bloques, mientras que la aprobación del paquete financiero representó un compromiso para sortear la situación y avanzar hacia el restablecimiento de la administración pública.

The Hill indicó que el desbloqueo de fondos no solo tiene como objetivo restaurar la operatividad gubernamental, sino también salvaguardar el acceso a recursos para la asistencia alimentaria y garantizar la estabilidad de los servicios públicos, beneficiando así directamente a millones de ciudadanos que resultaron afectados por la parálisis institucional.