Los fiscales turcos han solicitado una condena superior a los 2.000 años de prisión para Ekrem Imamoglu, exalcalde destituido de Estambul, quien enfrenta acusaciones de corrupción en un proceso que involucra a cerca de 400 personas y un voluminoso expediente de casi 4.000 páginas. En este contexto, la Comisión Europea ha destacado su inquietud por la multiplicación de procesos judiciales contra representantes de la oposición en Turquía y advierte sobre las posibles repercusiones en la confianza ciudadana hacia el sistema judicial y la democracia del país, informó Europa Press.
Bruselas ha hecho referencia a la acusación formal contra Imamoglu, recordando el aumento de acciones legales dirigidas, desde principios de este año, no solo a cargos electos de la oposición, sino también a activistas políticos, integrantes de la sociedad civil, empresarios y periodistas. Un portavoz de la Comisión Europea expresó que la entidad observa con preocupación este fenómeno, que considera está en aumento y afecta a diversos sectores críticos y de liderazgo social en Turquía, consignó Europa Press.
Según la Comisión Europea, Turquía, en tanto país candidato para formar parte de la Unión Europea y miembro del Consejo de Europa, se encuentra obligada a mantener "los más altos estándares y prácticas democráticas". El vocero del organismo europeo subrayó que los procedimientos judiciales y administrativos no son instrumentos válidos para intimidar ni presionar a voces críticas. Las autoridades europeas insisten en que recurrir a la vía legal con fines políticos representa una amenaza para la independencia del poder judicial y mina el funcionamiento democrático del país, según señaló el portavoz a Europa Press.
El informe anual de Ampliación, al que hizo referencia la Comisión Europea, evidencia lo que describe como un "retroceso" en materia de derechos fundamentales y la administración de justicia en Turquía. Según el mismo portavoz, la instrumentalización del sistema legal para afectar a la disidencia política, empresarial o periodística debilita las bases del Estado de derecho.
El proceso judicial contra Imamoglu incluye no solo la acusación de corrupción, sino que se suma a una condena previa derivada de supuestas ofensas verbales contra el fiscal jefe de Estambul, Akin Gurlek. El propio Gurlek ha confirmado a través de un comunicado que su investigación apunta a posibles motivaciones políticas al amparo de la Fiscalía, y que los cargos presentados engloban a cerca de 400 sospechosos, con una documentación extensa de casi 4.000 páginas.
La noticia de la posible condena sin precedentes de 2.000 años de prisión ha atraído la atención internacional y ha puesto de relieve el actual clima de presión sobre voces críticas en Turquía. De acuerdo con Europa Press, esta situación se desarrolla en medio de advertencias europeas sobre la utilización del poder judicial para fines ajenos a la impartición imparcial de justicia, lo que, a juicio de la Comisión Europea, supone un obstáculo para las aspiraciones de Turquía en el proceso de adhesión a la Unión Europea.
Las declaraciones de Bruselas insisten en que la independencia judicial y el respeto a los derechos fundamentales son requisitos ineludibles para progresar en la integración con la Unión. A lo largo del año, organizaciones internacionales y europeas han reiterado la necesidad de que Turquía revierta el uso de mecanismos legales como medio de presión política e incremente los estándares democráticos para alinearse con las exigencias de la Unión y el Consejo de Europa, según concluyó Europa Press en su recuento de la situación.
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