Más de 1.200 muertos por la violencia en Haití en el tercer trimestre de 2025, según la ONU

El documento más reciente de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) detalla que el fenómeno del desplazamiento interno en Haití alcanzó a 1,4 millones de personas durante el tercer trimestre de 2025, evidenciando así la magnitud de la crisis humanitaria provocada por la violencia armada, las operaciones de seguridad y la expansión de las pandillas en el país. Según informó BINUH, entre julio y septiembre de este año se registraron más de 1.200 muertes vinculadas tanto a conflictos entre fuerzas de seguridad y grupos armados como a la actividad de estos últimos, así como al accionar de grupos de autodefensa. A pesar del reciente despliegue internacional y de medidas oficiales, los secuestros y los delitos sexuales también han incrementado, lo que pone de relieve los desafíos persistentes para la estabilización del país.

De acuerdo con lo consignado por BINUH, durante el periodo evaluado, al menos 1.247 personas perdieron la vida. El 63 por ciento de los fallecidos murieron en el marco de intervenciones de las fuerzas de seguridad contra las pandillas, mientras que el 30 por ciento de las muertes se atribuye directamente a la acción de estas organizaciones criminales y un 9 por ciento corresponde a incidentes vinculados a grupos de autodefensa. La violencia resultó más letal para los hombres, quienes representaron el 83 por ciento de las víctimas, en tanto que el 14 por ciento correspondió a mujeres y el tres por ciento a menores de edad.

La violencia sexual mostró indicadores preocupantes, ya que al menos 400 personas fueron víctimas de estos delitos durante el trimestre. El informe de BINUH detalló que 340 mujeres y 59 niñas denunciaron haber sido agredidas sexualmente, además de un hombre. A esto se suman los casos de secuestro, con 145 víctimas contabilizadas, concentrándose casi en partes iguales entre el departamento de Artibonito, en el oeste del territorio haitiano, y la zona metropolitana de Puerto Príncipe. Según datos consignados por Naciones Unidas, el 46 por ciento de los secuestros ocurrieron en Artibonito y el 45 por ciento en la capital y su área circundante.

El informe de la ONU describe una dinámica en la que, pese a que las pandillas han sido repelidas de ciertos vecindarios en Puerto Príncipe y sus periferias, estas continúan extendiendo su accionar hacia otras zonas, incluidas Artibonito y el departamento del Centro. A pesar de la disminución de la presencia de grupos armados en áreas concretas, la expansión territorial persiste, lo que intensifica la inseguridad y el desplazamiento de familias enteras.

Las recomendaciones emitidas por BINUH instan a las autoridades haitianas a facilitar el funcionamiento de unidades judiciales especializadas para perseguir crímenes en masa, casos de violencia sexual y delitos económicos, a fin de reforzar la respuesta estatal. El organismo también recalcó la necesidad de implementar filtros más rigurosos en los cuerpos policiales y de promover programas orientados a la prevención y la rehabilitación de menores que han sido captados por organizaciones criminales, contando con el apoyo de la comunidad internacional.

La crisis de seguridad en Haití atravesó un punto de quiebre significativo a principios de 2024, cuando un repunte de la violencia llevó a la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Tal como recordó el informe de BINUH, Henry había accedido al cargo en 2021, tras el asesinato del presidente Jovenel Moise en su residencia oficial por individuos armados, en medio de un contexto de prolongada inestabilidad política y social. La transición de poder condujo a la instauración de un Consejo Presidencial de Transición, encargado de promover la pacificación nacional y organizar un Consejo Electoral Provisional, paso clave para convocar las primeras elecciones en diez años, según reportó el organismo internacional.

El medio BINUH explicó que la llegada de un contingente internacional encabezado por Kenia no ha logrado, hasta el momento, frenar de forma efectiva la actividad de las bandas armadas. La acción internacional se formalizó con la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, en octubre, de una resolución impulsada por Estados Unidos y Panamá que autorizó el envío de una nueva fuerza multinacional para combatir a los grupos criminales que imponen su dominio en distintos puntos del territorio haitiano.

A pesar de las operaciones coordinadas entre las fuerzas de seguridad haitianas e internacionales, el avance de las pandillas armadas y el escalamiento de los delitos sexuales y los secuestros señalan la persistencia de retos inmediatos para la seguridad y la protección de los derechos humanos en el país caribeño. La ONU ha reiterado que la respuesta debe ser integral y combinar la acción de fuerzas de seguridad, la reforma institucional y programas sociales dirigidos a grupos vulnerables, en particular a los menores involucrados en actividades delictivas.

El informe de BINUH destaca las dimensiones de la emergencia humanitaria y de seguridad que enfrenta Haití, al tiempo que subraya la importancia de la cooperación internacional y del fortalecimiento de las capacidades estatales para revertir una situación que ha afectado a la vida, la integridad física y la estabilidad de millones de personas en el país.