El número de víctimas fatales alcanzó las 64 personas durante la reciente operación policial desarrollada en favelas de Río de Janeiro, lo que la convierte en el despliegue más mortífero registrado en la historia de la ciudad, según informó la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El organismo internacional señaló su profunda preocupación por la magnitud de la violencia desencadenada en intervenciones de este tipo y urgió a las autoridades brasileñas a esclarecer de forma inmediata los hechos.
De acuerdo con lo publicado por la oficina de la ONU, la operación, ejecutada el martes contra miembros del grupo Comando Vermelho, no solo causó decenas de muertos, sino también incluyó entre las víctimas a varios integrantes de las fuerzas de seguridad. El medio detalló que la intervención policial se realizó en zonas consideradas marginadas, donde previamente ya se habían denunciado consecuencias letales derivadas de acciones policiales similares. Naciones Unidas afirmó que observa una tendencia preocupante en lo que califica como uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales en áreas de la ciudad habitadas mayoritariamente por poblaciones vulnerables.
Tal como consignó la oficina para los Derechos Humanos de la ONU, la organización solicitó la realización de investigaciones rápidas y rigurosas sobre lo ocurrido y recordó al Gobierno de Brasil la necesidad de ajustarse en todo momento a las obligaciones que impone el Derecho Internacional. El comunicado también reiteró que las autoridades brasileñas ya habían recibido solicitudes similares anteriormente ante denuncias de un uso desproporcionado de la fuerza policial en intervenciones previas.
Según reportó la misma fuente, la violencia registrada en esta operación policial resalta el carácter recurrente de estos despliegues armados en Río de Janeiro. En lo que va de 2025, la Policía Federal ha llevado a cabo prácticamente 180 operaciones en la ciudad, de las cuales 24 estaban relacionadas directamente con delitos de tráfico de drogas y comercio ilegal de armas, lo que muestra la frecuencia y la escala de las intervenciones de seguridad en la región. El alto número de víctimas, sin embargo, marca un punto de inflexión en los registros recientes y genera cuestionamientos sobre los protocolos utilizados durante este tipo de acciones.
El medio indicó que, frente a la gravedad de los hechos, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva convocó una reunión para este miércoles con miembros clave de su gabinete, con el objetivo de coordinar la respuesta de su Gobierno. Este encuentro incluirá la discusión de medidas orientadas a esclarecer lo sucedido y a definir estrategias para prevenir la repetición de eventos similares en el futuro, tal como exige tanto la sociedad civil como la comunidad internacional.
A lo largo de su declaración, la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos insistió en que la actuación de las fuerzas de seguridad debe alinearse con los estándares internacionales en la materia, poniendo énfasis en la protección de los derechos fundamentales de todas las personas involucradas, incluidas las que habitan en barrios socialmente excluidos. El organismo reafirmó que la obligación de respetar estos principios recae sobre todas las autoridades, especialmente en contextos caracterizados por situaciones de alta conflictividad social y criminalidad.
Distintos comunicados publicados por la ONU han recogido en los últimos años el creciente número de muertes durante operaciones policiales en Brasil, con especial preocupación sobre los impactos en comunidades tradicionalmente marginadas por condiciones de pobreza y falta de acceso a servicios públicos. El operativo más reciente, al superar las seis decenas de fallecidos, supera anteriores registros y pone en primer plano el debate sobre la naturaleza de los métodos empleados por los cuerpos de seguridad del Estado.
Naciones Unidas recordó además que su oficina permanece atenta a los acontecimientos y mantiene canales de comunicación con representantes del Gobierno brasileño, a quienes solicita el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos y transparencia.
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