Una ONG ha denunciado este domingo que las fuerzas de seguridad del Gobierno de Sudán están cometiendo un espectro de atrocidades, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, durante su operación para consolidar el control de la capital del país, Jartum, recuperada en mayo por el Ejército sudanés en una de sus mayores victorias durante la guerra contra las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) que ha devastado el país.
La ONG Emergency Lawyers señala directamente a la llamada "Célula de Seguridad Conjunta", una combinación de varios servicios militares y de seguridad, que el grupo describe como "una herramienta de represión e intimidación al servicio del Ejército" y que ahora mismo está protagonizando una "peligrosa escalada de sus violaciones" en la ciudad.
"Esta entidad se ha convertido en un instrumento directo para liquidar civiles, arrestar a ciudadanos en sus oficinas conocidas por toda la capital y someterlos a tortura y malos tratos sistemáticos", denuncia la ONG en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.
Emergency Lawyers ha especificado que centros de detención como Jebel Sirkab se han convertido en escenario de torturas y detenciones prolongadas "en condiciones inhumanas" que incumplen "estándares mínimos de justicia".
"Hemos documentado cientos de arrestos arbitrarios y decenas de personas desaparecidas, mientras las autoridades responsables ocultan deliberadamente su paradero y se niegan a proporcionar información sobre su paradero", avisa al ONG, que acusa a la Célula de Seguridad de amenazar a las familias que buscan respuestas.
La ONG también acusa a la Judicatura instaurada en la capital de actuar como "cómplice" de estas violaciones "al dictar sentencias de muerte o cadena perpetua contra algunos detenidos con base en cargos falsos, lo que refleja la complicidad entre el aparato judicial y el de seguridad para legitimar la represión y ajustar cuentas".
"Destacamos la urgente necesidad de poner fin a todas las formas de detención arbitraria y ejecuciones extrajudiciales, de activar los mecanismos internacionales de rendición de cuentas, incluida la remisión de estos crímenes al Tribunal Penal Internacional, de procesar a todos los responsables independientemente de sus cargos y de garantizar que ninguno de ellos escape al castigo", concluye el grupo.
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