El Gobierno de Argentina ha introducido este martes una reforma policial que autoriza labores de "ciberpatrullaje" y detenciones sin orden judicial previa, una medida introducida a tan solo un día de la fecha señalada para la convocatoria de protestas en señal de apoyo a la expresidenta Cristina Fernández, condenada a seis años de cárcel por corrupción.
La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, ha defendido que estas medidas se ajustan a las ya utilizadas por la Policía Federal de Estados Unidos (FBI) y ha dado el visto bueno a que las fuerzas de seguridad procedan a hacer registros --también de vehículos-- sin la autorización de un juez para "prevenir, detectar e investigar delitos federales complejos".
Asimismo, ha defendido que esto permitirá salvaguardar la "seguridad del Estado argentino" a pesar de que defensores de los Derechos Humanos y expertos legales han alertado de las posibles consecuencias para las libertades y derechos fundamentales de los argentinos.
La medida ha sido introducida, además, poco antes de las protestas que tendrán lugar este miércoles en señal de apoyo a Fernández en la localidad de Comodoro Py, donde tendrá que acudir al juzgado para su detención. Con el lema "Argentina con Cristina", los organizadores han asegurado que la escoltarán hasta los tribunales, según informaciones del diario 'Clarín'.
La nueva normativa permitirá a la Policía supervisar cuentas en redes sociales y direcciones web. En el texto publicado por el Gobierno, queda detallado que la Policía cuenta ahora con estas facultades siempre y cuando existan "circunstancias objetivas" que hagan presumir un delito o "ante la imposibilidad de esperar a que se tramite una orden judicial".
Voces críticas con el Gobierno han denunciado que esto implicará un aumento de la supervisión y vigilancia del Estado a varios niveles y vuelve a activar mecanismos ya utilizados en el pasado por el Gobierno del expresidente Mauricio Macri, cuando la propia Bullrich ya impulsó medidas similares.
Ahora, la ministra ha vuelto a justificar estos cambios y ha indicado que su objetivo es "profesionalizar" las fuerzas de seguridad para ponerla a la altura de los "estándares internacionales como los del FBI". Así ha hecho frente a las críticas, que aluden a posibles actos de "represión" y "criminalización" de la protesta, y de un "debilitamiento de las garantías constitucionales".
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