La ONG Amnistía Internacional ha tildado este miércoles de "atroz" la ejecución en Irán de un hombre que había sido condenado a pena capital por la muerte de siete personas, incluido un niño de diez años, en el marco de las protestas desatadas en 2022 a raíz de la muerte bajo custodia de la joven kurdo-iraní Mahsa Amini, detenida por supuestamente llevar mal puesto el velo.
"La noticia de la ejecución arbitraria de Mojahed Kurkuri es absolutamente atroz: expone una vez más el desprecio de las autoridades iraníes por el derecho a la vida y su determinación de utilizar la pena de muerte como herramienta para aplastar la disidencia e infundir miedo en la población iraní", ha dicho el director regional adjunto para Oriente Próximo y el Norte de África, Husein Baumi.
La ONG ha denunciado que Kurkuri fue condenado a muerte por un tribunal "en un juicio injusto", "sometido a desaparición forzada durante meses y torturado hasta arrancarle 'confesiones' que se difundieron en vídeos propagandísticos". Así, ha recordado que en uno de los vídeos se le ve en una cama de hospital con un brazo visiblemente vendado.
"La continua ejecución arbitraria de manifestantes en medio de un terrible aumento de las ejecuciones en Irán demuestra una vez más que las autoridades iraníes persistirán en la comisión de crímenes de Derecho Internacional y otras graves violaciones de Derechos Humanos a menos que la comunidad internacional adopte medidas concretas y contundentes para la rendición de cuentas", ha declarado Baumi.
Así, ha subrayado "la necesidad de que los Estados inicien investigaciones penales bajo el principio de jurisdicción universal contra todos aquellos sospechosos de responsabilidad penal por crímenes de Derecho Internacional durante las protestas, incluidos altos funcionarios iraníes".
El aparato judicial iraní había señalado que el hombre había sido ahorcado en la provincia de Juzestán (sureste), antes de incidir en que habría reconocido su responsabilidad y se habría declarado culpable de los cargos que pesaban contra él.
Hasta la fecha, varias personas detenidas e imputadas en el marco de las protestas por la muerte de Amini han sido ejecutadas en Irán, en la mayoría de los casos por cargos derivados de la muerte de miembros de las fuerzas de seguridad o civiles durante los disturbios.
Varias organizaciones no gubernamentales denunciaron alrededor de 500 de personas muertas a causa de la represión de las protestas, mientras que las autoridades negaron su responsabilidad en la muerte de Amini y acusaron a países occidentales de azuzar las protestas, pese a que reconocieron algunos abusos y excesos por parte de las fuerzas de seguridad.
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