San Salvador, 13 may (EFE).- Una veintena de organizaciones civiles rechazaron este martes las "recientes agresiones cometidas por el Estado salvadoreño" contra pobladores de una comunidad que han pedido ayuda al Gobierno ante una orden judicial de desalojo de las tierras donde han vivido por décadas.
En un comunicado, las entidades señalaron a la fuerzas estatales de "uso excesivo de la fuerza, detenciones, obstaculización del derecho a manifestarse pacíficamente y al ejercicio periodístico, amenazas".
La noche del lunes, un grupo de pobladores de la Cooperativa El Bosque, de la central localidad de Santa Tecla, se concentró en las cercanías de una exclusiva residencial en la que habita el presidente Nayib Bukele para pedir ayuda, pero agentes de la Policía intentaron detener a varias de estas personas sometiéndolas, según las publicaciones de medios locales.
El uso de la fuerza, de acuerdo con el comunicado de las organizaciones, habría afectado también a defensores de derechos humanos y a "periodistas comunitarios que daban cobertura a la manifestación pacífica".
"Lamentamos profundamente la captura arbitraria de líderes comunitarios y el uso de la fuerza, que ha resultado en afectaciones físicas y psicológicas hacia las personas que se encontraban en el sector, incluyendo personas adultas mayores, mujeres, niñez y adolescencia", indicaron.
Afirmaron que "estas acciones constituyen un grave abuso del poder y una violación directa al derecho de cada persona a organizarse y manifestarse de forma pacífica en defensa de sus derechos".
En este contexto, la organización no gubernamental Foro del Agua denunció la "captura ilegal y arbitraria" del joven Alejandro Henríquez, un defensor de derechos ambientales y abogado.
Carlos Flores, integrante de la organización, explicó mediante un vídeo colgado en X que Henríquez fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil acusado del cargo de desordenes públicos.
De acuerdo con Flores, el cuerpo de seguridad lo señala de ser parte de la organización de la referida concentración, pero indicó que "únicamente ha actuado ayudando a la comunidad, su labor ha sido brindar asesoría jurídica, técnica y legal".
De acuerdo con publicaciones de medios salvadoreños, estas personas han denunciado que unas 300 familias serán desalojadas de las tierras en que habitan hace décadas el 22 de mayo próximo por orden judicial tras un proceso legal en el que han dicho fueron estafados.
La Policía Nacional no se ha pronunciado sobre lo sucedido, tampoco ha brindado información sobre el arresto del joven Henríquez ni sobre al menos otras dos detenciones de dos habitantes de la comunidad. EFE
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