Las autoridades de Hong Kong han propuesto este lunes recrudecer la polémica ley de seguridad nacional y facilitar la jurisdicción de China en determinados casos relacionados con delitos como la traición o la sedición.
Esta medida llega más de un año después de que el Parlamento diera el visto bueno a una legislación que endurecía las penas por este tipo de delitos a pesar de las críticas sobre un posible retroceso en materia de Derechos Humanos y libertades fundamentales.
El nuevo mecanismo presentado ahora se basa en un artículo de la legislación existente sobre la posibilidad de que los casos "complejos" sean juzgados en la China continental. En este sentido, buscan incrementar el apoyo a la oficina de Pekín encargada de supervisar el estado de la seguridad en la región administrativa especial china.
Con esta medida, el Gobierno busca garantizar la seguridad de su territorio y evitar la existencia de "fisuras" ante el aumento de la tensión con Estados Unidos en el marco de la guerra comercial desatada tras la llegada en enero de Donald Trump a la Casa Blanca.
El artículo 55 de la ley de seguridad nacional estipula que la Oficina de China para Salvaguardar la Seguridad Nacional debe "ejercer su jurisdicción sobre casos concretos y en caso de que la administración local sea incapaz de ejecutar con eficiencia lo recogido en la ley".
Es esta oficina la que ha publicado un documento en el que establece los motivos para impulsar la creación de este mecanismo ante los "riesgos existentes para la seguridad nacional dada la difícil situación geopolítica" mundial.
Así, el texto apunta a que los casos que podrían adherirse a esta nueva norma son aquellos en los que se vean implicados "terceros países", un mecanismo que podría sentar las bases para la "extradición" de imputados a la China continental, según ha recogido el portal de noticias HKFP.
La normativa aprobada en 2024 ya tipificaba nuevos delitos y endurecía las penas a prisión por traición, sedición o subversión, si bien fue aprobada de forma unánime por el Parlamento hongkonés a pesar de que las organizaciones de Derechos Humanos alertaban de que esta ley podía ser utilizada para "normalizar la represión".
Esta ley permite "cubrir por completo" el delito de espionaje que ya incluía la legislación adoptada por el Gobierno central a raíz de las fuertes protestas registradas en 2019 y fue propuesta por vez primera hace ya más de dos décadas.
El documento en cuestión se enmarca en el artículo 23 de la Ley Básica de Hong Kong --que ejerce de Constitución de la región-- y establece que el Gobierno hongkonés debe aprobar su propia legislación al respecto en relación con los delitos citados con anterioridad.
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