San Salvador, 30 abr (EFE).- La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó la noche de este miércoles la prórroga 38 de un régimen de excepción, implementado desde hace tres años para "combatir" a las pandillas, por "la aún existencia de grupos terroristas" en el país, por lo que algunas garantías constitucionales seguirán suspendidas por un período de al menos 30 días más.
El decreto fue aprobado con los votos de 57 diputados de 60 durante la sesión plenaria del Congreso correspondiente a esta semana, a solicitud del presidente Nayib Bukele a través del Consejo de Ministros.
De acuerdo con el decreto leído por la diputada oficialista Elisa Rosales, la prolongación se justifica en que "aún existencia de grupos terroristas" en el país que "de no erradicarse por completo su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos".
Además, se indica que "los grupos criminales persisten en su actuación criminal, fundamentalmente a través de la registrada e intervenida 'actividad extorsiva' en diferentes zonas del país" y se "ha establecido el constante retorno a zonas urbanas de sujetos miembros de pandillas para continuar afectando a la población con la comisión de delitos".
El decreto también establece que "se ha detectado el ingreso de menores de edad a las pandillas, a quienes se les ha dado lineamientos de reconfigurar esos grupos delictivos, adoptando niveles y mandos para dirigir los delitos de estos grupos en la calle".
El régimen de excepción continuará hasta el próximo 4 de junio del presente año.
Este régimen, que ha dejado la captura de más de 85.900 supuestos miembros de pandillas y de supuestas personas ligadas a estas estructuras, cumplió el pasado 27 de marzo tres años de su implementación en medio de polémicas por supuestamente violentar derechos humanos.
La medida se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Bukele y las bandas criminales.
Si bien la medida de régimen de excepción goza de un amplio respaldo por su impacto en la reducción de la violencia en el país, ha sido cuestionada no solo por miles de denuncias de violaciones a derechos, incluidas muertes bajo custodia estatal.
Diversos analistas consideran que la medida se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas y en un mecanismo de "permanente -y no temporal- de control social". EFE
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