Buenos Aires, 3 abr (EFE).- El Gobierno argentino intervino este jueves la principal operadora de carreteras del país, la estatal Corredores Viales S.A., tras el anuncio en octubre de la privatización de la gestión de las rutas y autopistas, bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje.
El decreto 244/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial -con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo- designa como interventora de la empresa, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, a Anastasia María de los Ángeles Adem, por tiempo indefinido.
La funcionaria asumirá las facultades del Directorio y su Presidencia, y deberá auditar la administración de compras y contrataciones y relevar el estado de los corredores viales, hasta que se liquide por completo la empresa y se disuelva.
Entre las atribuciones específicas detalladas en el decreto están el poder exclusivo para representar a la sociedad y designar o remover personal.
La privatización de la gestión de las carreteras había sido anunciada por el Ejecutivo en octubre del año pasado y oficializada a mitad de febrero, bajo el esquema de concesión de las rutas y autopistas a empresas privadas que se encargarán de la gestión y las obras necesarias a cambio del derecho de exigir un cobro del peaje a los usuarios.
El argumento fue que la empresa estatal resulta deficitaria y no cumple con los estándares mínimos de operación y mantenimiento.
En total, se transferirán más de 9.000 kilómetros de rutas, por donde circula el 80 % del tráfico.
A principios de la década de 1990 se privatizaron rutas nacionales en Argentina mediante un esquema de concesiones a privados, lo que permitió que distintas empresas pudieran cobrar peajes al tiempo que se hicieron responsables del mantenimiento de las carreteras.
La crisis de 2001 y la posterior caída del régimen de convertibilidad del peso frente al dólar afectaron la ecuación económico financiera de las empresas y el fracaso en la renegociación de los contratos derivó en que varias compañías iniciaran reclamaciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
Los contratos vencieron en 2003 y, desde entonces, los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) aplicaron un sistema mixto de cobro privado de peajes.
El Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) intentó -sin éxito- implementar proyectos de participación público privada y en 2019 comenzó a operar la estatal Corredores Viales como concesionaria de rutas, autopistas y autovías nacionales argentinas. EFE
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