Lima, 17 mar (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Perú exigió este lunes la destitución de "los malos elementos" en la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Instituto Penitenciario, que han permitido que se infiltre la criminalidad y denominó como "populista" la propuesta del Ejecutivo de abrir el debate a restablecer la pena de muerte.
"Exigimos la inmediata destitución de los malos elementos de la Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio Público, Poder Judicial e Instituto Nacional Penitenciario, que han permitido que estas nobles instituciones hayan sido infiltradas por la criminalidad", afirmó el defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez.
En un pronunciamiento, el defensor expresó su preocupación institucional "por el problema público de inseguridad ciudadana y el incremento de casos de extorsión y sicariato que viene afectando al país".
Pero afirmó que los relevos de ministros y altos mandos policiales "no garantiza una lucha efectiva contra la inseguridad ciudadana ni el cambio de la estructura social", en referencia a la petición de diversos partidos políticos y actores sociales de destituir al ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
La Defensoría también exigió al Poder Ejecutivo y a los operadores de Justicia "un mayor liderazgo que haga eficaz la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado".
Ratificó su posición institucional de una intervención integral en materia de seguridad ciudadana, "que privilegie a la niñez y a la adolescencia como factor clave de atención prioritaria y preventiva".
"Por lo tanto, no compartimos la adopción de medidas populistas, como la iniciativa de establecer la pena de muerte como solución a esta problemática y, menos aún, con la disminución de la edad de la responsabilidad penal de los adolescentes desde los 16 años", señaló.
Ante el anuncio del Gobierno de Perú de declarar próximamente en emergencia Lima y su vecina provincia del Callao, una conurbación en la que viven uno de cada tres peruanos, la Defensoría solicitó formalmente a la mandataria Dina Boluarte, al presidente del Consejo Ministros Gustavo Adrianzén y al ministro del Interior los documentos técnicos que sustentarían dicha medida.
"Como se ha señalado en anteriores oportunidades, las medidas de excepción dictadas no han tenido mayor impacto en la disminución de los índices de la criminalidad. Como ejemplo, los últimos estados de emergencia declarados en Lima y varias provincias del país, no han impedido el incremento de los casos de extorsiones y sicariato", añadió.
La noche del domingo, Adrianzén informó en un mensaje publicado en la red social X, que el Ejecutivo declarará el estado de emergencia en las próximas horas en Lima y Callao, con la autorización para el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional, una medida que todavía no se ha oficializado.
Adrianzén hizo este anuncio en medio de la crisis generada por la ola de violencia criminal que golpea al país, que este domingo desencadenó en la muerte del cantante de un popular grupo de cumbia, cuyo autobús fue tiroteado. EFE
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