Greenpeace ha denunciado que más de 2,7 millones de personas viven en zonas con alto riesgo de inundación, que ocupan más de 26.000 kilómetros en España. De ellas, 700.000 habitan en las zonas de mayor riesgo. Además, se siguen planificando nuevas construcciones en estos espacios tres meses después de la dana que impactó gravemente en Valencia.
En el estudio, dado a conocer un trimestre después de esta catástrofe, la ONG ha pedido a las administraciones que desarrollen estrategias y medidas de mitigación y adaptación y ha recordado que la región mediterránea es especialmente vulnerable a los eventos de precipitaciones extremas debido a una combinación de factores geográficos, climáticos y atmosféricos en la zona.
Estas son las conclusiones a las que ha llegado en su informe 'Danas, inundaciones y cambio climático: aprender de los errores para salvar vidas', publicado este miércoles.
Así, ha insistido en que las administraciones implementen normas para reducir emisiones de dióxido de carbono (CO2) y que hagan que las corporaciones de combustibles fósiles asuman los costes de las indemnizaciones por inundaciones al ser los "principales causantes del cambio climático".
A su vez, les ha instado a revisar los protocolos y los sistemas de alerta temprana para adaptarlos a la nueva situación provocada por el cambio climático y a elaborar los planes autonómicos y municipales de prevención y adaptación con "una visión conjunta" de los distintos riesgos climáticos. A su parecer, éstos tendrían que reunir las medidas de adaptación de los distintos ámbitos, priorizar aquellas basadas en la naturaleza y poner el foco sobre los colectivos vulnerables.
Asimismo, Greenpeace ha hablado de revisar y adaptar de manera obligatoria todos los planes generales de ordenación urbana anteriores a 2015 para incorporar informes de inundabilidad y mapas de riesgo de inundación con el objeto de declarar las zonas inundables como no urbanizables. Además, ha solicitado que se lleve a cabo la renaturalización de ecosistemas como humedales, riberas de ríos, llanuras de inundación y masas forestales a lo largo de los cauces.
De manera más general, ha destacado que, en su opinión, la adaptación al cambio climático debe proteger a toda la población de forma justa, y contribuir a reducir las desigualdades. En este marco, la ONG ha recalcado que España sigue sin actuar "a la velocidad que la emergencia climática exige" y ha resaltado que las políticas que se apliquen determinarán la gravedad de los impactos del cambio climático, tanto en términos de coste humano como económico.
Sobre Valencia, ha denunciado que la Generalitat "modificara una normativa para permitir construir en zonas inundables sin informes" en la "misma semana en la que se produjo la dana". Además, ha advertido de que la tragedia ya es oficialmente la más costosa de la historia de España en indemnizaciones de pólizas de seguros, con 1.050 millones de euros abonados hasta la fecha, según los últimos datos del Consorcio de Compensación de Seguros.
La responsable de la campaña de adaptación de municipios a eventos extremos en Greenpeace, Elvira Jiménez, ha remarcado que "aún falta mucho por hacer", aunque se esté "a tiempo" de reducir los impactos provocados por el calentamiento global, así como de aminorarlo. "Tan terrible como las consecuencias de lo sucedido en Valencia es saber que se podrían haber tomado muchas medidas para reducir los efectos y, sobre todo, que no estamos ante una catástrofe aislada", ha asegurado.
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