Quito, 28 ene (EFE).- El expresidente de Ecuador Guillermo Lasso (2021-2023) se defendió este martes de las críticas realizadas por el Gobierno del actual presidente, Daniel Noboa, por unos decretos para deshacinar cárceles mediante indultos a presos que, según la actual administración, permitieron la excarcelación de delincuentes que no deberían haber sido liberados.
En un comunicado publicado en sus redes sociales, Lasso defendió los decretos que expidió y que Noboa derogó la semana pasada al considerar que delegaban una facultad discrecional del jefe de Estado en el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), la institución estatal encargada del control y administración de las cárceles ecuatorianas.
El exmandatario aseguró que la reciente liberación ordenada por un juez de un criminal llamado Bryan Vicente A. A. ('Momo'), fuertemente criticada por el Gobierno de Noboa, no se debe a los decretos emitidos en su momento para el indulto de reclusos.
"Estos es un abuso y un ilícito del juez, no del decreto", dijo Lasso al señalar que el decreto en el que se basó el magistrado para liberar a 'Momo' estaba destinado a presos que, en el momento de su entrada en vigencia, tuviesen VIH, tuberculosis y otras enfermedades terminales, siempre que tuviesen una condena en firme y no contasen con otros procesos en marcha ni condenados por delitos como corrupción y asociación ilícita.
El expresidente señaló que, en este caso, el juez que liberó a 'Momo' aplicó el decreto tres años después de su fecha de expedición, y lo hizo a un preso que no podía acceder a este beneficio por estar condenado por asociación ilícita y tener la sentencia apelada, además de contar con otras investigaciones abiertas en Fiscalía.
"Si tres años más tarde un juez tuerce retroactivamente el sentido de los decretos de indulto humanitario, es ese juez quien debe ser sancionado", insistió Lasso.
'Momo' se encuentra entre los sospechosos de la desaparición forzada y posterior asesinato de cuatro menores de edad afrodescendientes en Guayaquil, quienes previamente habían sido detenidos de manera irregular por una patrulla militar, en un caso que ha conmocionado al país entero.
Asimismo, Lasso recordó que "en 2021 la violencia se centraba en las cárceles y las bandas delincuenciales luchaban por controlar pabellones hacinados para extorsionar en su interior a detenidos por pensiones alimenticias, infractores de tránsito y hasta enfermos terminales".
"Con enfoque social y humanitario, redujimos el hacinamiento carcelario indultando a enfermos terminales, pacientes de tuberculosis y VIH, infractores de tránsito y mujeres que vivían con infantes en las cárceles, sin otros procesos, excluyendo delitos violentos y de corrupción", apuntó Lasso.
En ese sentido, enfatizó que esta política se llevó a cabo ante los llamados de atención recibidos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Constitucional frente un hacinamiento en el sistema penitenciario que rondaba el 30 %.
Más de 500 presos fueron asesinados entre 2021 y 2024 en las cárceles de Ecuador, la mayoría en una serie de masacres carcelarias por disputas y enfrentamientos entre bandas criminales rivales, lo que es uno de los epicentros de la crisis de violencia que vive el país, que ha pasado a tener la tasa más alta de homicidios de Latinoamérica. EFE
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