El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, ha condenado este miércoles ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la crisis de seguridad en Catatumbo (noreste) y ha atribuido la violencia desatada desde la semana pasada al "vacío de presencia estatal" en zonas del país latinoamericano "donde los grupos armados ilegales luchan por el control territorial y social".
"El derramamiento de sangre (...) es parte del enfrentamiento en curso entre grupos armados en varias zonas del país con una presencia estatal limitada (...) El Catatumbo, como muchas regiones, esperan los dividendos del Acuerdo de Paz de 2016 en materia de servicios públicos, oportunidades de desarrollo y seguridad. Es en el vacío de presencia estatal donde los grupos armados ilegales luchan por el control territorial y social", ha explicado.
Por ello, Ruiz Massieu ha advertido a las autoridades colombianas de que el "éxito" del Acuerdo de Paz de 2016 y su aplicación "dependerá directamente de la disponibilidad de recursos".
Asimismo, ha condenado los enfrentamientos --que han provocado al menos al menos 80 muertos y el desplazamiento forzado de 32.000 personas--, por los que ha dicho sentirse "profundamente entristecido", ha instado a los grupos armados implicados a que cesen sus ataques contra los civiles y ha pedido igualmente que permitan la entrada a la zona de ayuda humanitaria "sin restricciones".
También ha participado en esta sesión informativa ante el Consejo el excombatiente de las FARC y representante de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Paz, Diego Tovar, quien ha alertado de que la reciente ola de violencia "amenaza con extenderse a otras regiones".
Desde Nueva York, Tovar ha denunciado la elevada impunidad para el asesinato de excombatientes, asegurando que alcanza el 90 por ciento, y la precariedad del proceso de reintegración en la sociedad colombiana ocho años después de la firma del acuerdo, lo que ha provocado "desplazamientos masivos" de excombatientes desde sus áreas territoriales.
Por su parte, el ministro de Exteriores colombiano, Luis Gilberto Murillo, que presentó este lunes su dimisión, ha reiterado que los asesinatos de firmantes de la paz son "inaceptables", asegurando que "no descansaremos hasta que se haga justicia por estos actos de violencia absoluta".
"Colombia no renuncia a la paz (...). La paz no es una utopía, sino una realidad que es posible con suficiente determinación y compromiso (...) Suspendimos los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) porque la paz requiere reciprocidad", ha señalado, instando a los grupos armados a poner fin a la violencia.
El incremento cada vez mayor de las filas del Frente 33 ha provocado los enfrentamientos con el ELN, que históricamente ha controlado Catatumbo, una región que incluye una quincena de municipios y que hace frontera con Venezuela. Su riqueza en recursos minerales y sus ideales condiciones climáticas para el cultivo de coca hace de ella una de las más disputadas por los grupos armados colombianos.
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