El órgano de supervisión del TPI muestra su "profunda preocupación" por la amenaza de sanciones de EEUU

La Asamblea de Estados Parte del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha expresado este jueves su "profunda preocupación" por las amenazas sobre sanciones contra el personal del organismo después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos votara recientemente a favor de imponer medidas punitivas contra el organismo por emitir una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

La mesa de la Asamblea de Estados Parte del tribunal internacional --el órgano legislativo y de supervisión de la gestión de la corte-- ha mostrado en un comunicado su "profunda preocupación" por "las medidas relativas a las sanciones" el TPI y su personal, "así como contra las personas y entidades que la ayudan a investigar, arrestar, detener o enjuiciar a determinadas personas".

"Las sanciones pueden obstaculizar gravemente las investigaciones en curso en todas las situaciones y otras actividades del tribunal y afectar a la seguridad de las víctimas, los testigos y las personas sancionadas", ha advertido, antes de resaltar que lamenta "todo intento de socavar la independencia, integridad e imparcialidad" de la corte.

Así, ha recalcado su "firme compromiso" a la hora de "mantener y defender los principios y valores consagrados en el Estatuto de Roma", así como de "preservar su integridad, sin dejarse intimidar por ninguna amenaza o medida contra el tribunal, sus funcionarios, su personal y quienes cooperan con ella".

"El Estatuto de Roma representa un compromiso internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes más graves de transcendencia para la comunidad internacional", ha recordado, al tiempo que ha sostenido que "salvaguardar la integridad" del tribunal, "incluida su independencia judicial y de enjuiciamiento", es algo "fundamental para el cumplimiento exitoso de su mandato de garantizar la rendición de cuentas por esos crímenes y hacer justicia a las víctimas por igual".

En este sentido, ha hecho hincapié en que la Asamblea de Estados Parte "apoya firmemente" al TPI, a sus miembros y a los que cooperan con el organismo y ha destacado su "importancia" en la defensa de la "justicia internacional, al tiempo que ha reclamado "a todos los Estados, a las organizaciones internacionales y a la sociedad civil a que respeten su independencia e imparcialidad".

El comunicado ha sido publicado cerca de dos semanas después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos votara a favor de sancionar al TPI en protesta por las órdenes de arresto dictadas contra Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant en relación con presuntos crímenes cometidos en el marco de la ofensiva contra la Franja de Gaza.

Asimismo, el nuevo presidente estadounidense, Donald Truimp, firmó en su primer día en el cargo una orden ejecutiva que restaura una anterior que podría servir como base legal para futuras sanciones contra el tribunal internacional y su personal, si bien hasta ahora no se han anunciado sanciones específicas.

El fiscal jefe del TPI, Karim Khan, comunicó la semana pasada a los jueces del organismo que las objeciones presentadas por Israel a su investigación y las citadas órdenes de arresto no deben ser admitidas. El tribunal emitió además una orden de arresto contra el jefe del ala militar de Hamás, Mohamed Diab al Masri, conocido como 'Abú Deif', al que las autoridades israelíes dieron por muerto.

El tribunal, que rechazó los recursos previos de Israel y dictaminó que tiene jurisdicción sobre el caso, afirmó que hay pruebas de que tanto Netanyahu como Gallant buscaron a sabiendas dejar a los palestinos residentes en Gaza sin elementos "indispensables para su supervivencia", incluido el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria.

Así, los jueces creen que ambos pueden ser "penalmente responsables" del uso del hambre como método de guerra, así como de asesinatos, actos inhumanos y persecución, que entrarían dentro de la categoría de crimen contra la humanidad, aceptando así la petición de Khan para que se emitieran órdenes de arresto contra ellos.

La decisión supone que los países miembro del organismo deberían detener a Netanyahu y Gallant en caso de que se desplacen a su territorio, si bien varios Estados firmantes del Estatuto de Roma han afirmado ya que podrían no hacerlo, lo que ha provocado críticas a nivel internacional.