Los ministros de Medio Ambiente de la UE han acordado este martes las nuevas normas para prevenir vertidos de pélets de plástico como el que afectó a las costas gallegas el pasado mes de enero, de lo que España se valió para forzar la inclusión del sector marítimo en el alcance de la normativa, algo que no estaba previsto en la propuesta inicial de la Comisión Europea.
Este acuerdo servirá a los Veintisiete como mandato para las negociaciones con el Parlamento Europeo --que ya adoptó su posición en abril-- sobre la forma final de la ley, unas conversaciones que arrancarán ya bajo la presidencia polaca del Consejo, en el primer semestre de 2025.
Las nuevas normas se aplicarán a todos los operadores económicos que hayan manipulado pélets de plástico en cantidades superiores a cinco toneladas en la UE, incluidos los transportistas de terceros países que transporten este material.
Asimismo, se incluyen en el alcance de la normativa las empresas encargadas de la limpieza de contenedores y cisternas de pélets de plástico y también los expedidores, operadores, agentes y capitanes de buques internacionales que zarpen de un puerto de un Estado miembro o hagan escala en él.
De este modo, se establecen obligaciones para todos aquellos buques que transporten pélets de plástico en la UE en consonancia con las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI).
Una vez aprobada la norma, tanto los transportistas de la UE como los de terceros países estarían obligados a evitar pérdidas de granza de plástico, así como a limpiarlas en caso de que se produzcan y también a informar a las autoridades sobre su establecimiento y su participación en el transporte de pélets plásticos.
Para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones y unas condiciones de competencia equitativa, el Consejo ha introducido la obligación de que los transportistas de fuera de la UE designen a un representante autorizado en la UE, una modificación que no ha convencido a la nueva comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, que lo ve inviable debido a la carga administrativa que supone.
Otra de las obligaciones específicas en relación con el transporte marítimo de pélets plásticos que ha añadido el Consejo es la obligación de garantizar información sobre el transporte, envasado de calidad y sistemas de carga segura de estos materiales, lo que se añade a las normas relacionadas con el transporte por carretera, ferrocarril y vías navegables interiores, tal como se establece en la propuesta de la Comisión.
Además, para facilitar el cumplimiento de las normas aplicables al transporte marítimo, el Consejo ha acordado aplazar su aplicación 36 meses desde la entrada en vigor del reglamento, lo que da un año más de margen en comparación con el resto de disposiciones, que deberán aplicarse 24 meses después de su entrada en vigor.
INSPECCIONES Y CERTIFICADOS
Según las nuevas normas, las autoridades nacionales deberán llevar a cabo inspecciones medioambientales y adoptar otras medidas de verificación como parte de un enfoque basado en el riesgo y será necesario que los operadores de mayor tamaño obtengan un certificado de conformidad expedido por terceros independientes.
Todas las empresas, con la única excepción de las microempresas, estarán sujetas a esta obligación si manipulan más de 1.000 toneladas al año de pélets de plástico, mientras que los Veintisiete han concedido un periodo transitorio de cuatro años a las pequeñas y medianas empresas (pymes), para cumplir estas normas.
Por su lado, aquellas empresas que manipulen menos de 1.000 toneladas al año, tendrán que expedir una declaración responsable, aunque, como alternativa, el Consejo quiere permitir a los Estados miembro garantizar el cumplimiento de estas normas a través de los sistemas nacionales de permisos ya establecidos.
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